El agro y la burocracia
La inconsulta y desacertada decisión del Ministerio de Agricultura de cerrar temporariamente la exportación de maíz ha abierto un nuevo capítulo de una política intervencionista que, además de sembrar desconfianza en el sector rural y en los inversores en general, impedirá el normal y transparente desenvolvimiento de los mercados.
El argumento oficial de asegurar el abastecimiento del grano a los sectores que lo usan como insumo para el ganado resulta absurdo si se tiene en cuenta que no falta maíz en el mercado. La experiencia argentina en materia de restricciones a las exportaciones agrícolas señala que su aplicación desincentiva la siembra y la inversión en tecnología.
De acuerdo con datos de las Bolsas de Cereales que integran la cadena comercial de cereales y oleaginosos, con exportaciones estimadas en 37,5 millones de toneladas para esta campaña, el cierre del registro en 34,2 millones le hará perder al país unos 810 millones de dólares en ventas al exterior, además de afectar la credibilidad de la Argentina como proveedor internacional.
Medidas como esta ponen en duda los avances que, al menos en apariencia, se registraron en los trabajos conjuntos entre el gabinete del ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Consejo Agroindustrial Argentino, compuesto por casi 60 entidades, que reflejaron coincidencias promisorias respecto de desburocratizar la relación entre el campo y el Estado.
Si esto es relevante, no lo es menos por su diferenciación con otros aspectos de la política oficial. Sobran los ejemplos: continuidad de retenciones desconocidas en todo el planeta; vacilaciones temerarias frente a la ocupación de campos o rotura intencional de silobolsas y violación de propiedad privada; sanción, por iniciativa del diputado Máximo Kirchner, de una ley inconstitucional que inhibe a los propietarios de campos incendiados de su libre disponibilidad aun en caso de que hayan sido víctimas de pirómanos ideologizados.
En aquella bienvenida mesa de diálogo se ha convenido, en principio, avanzar en un proyecto de estabilidad fiscal por diez años que derive en una ley de fomento de la agroindustria. Se ha especulado con que la iniciativa irá al Congreso luego de que este apruebe un proyecto impositivo de orden general y el Gobierno cierre sus discusiones con el FMI.
Al cabo de negociaciones con el equipo económico, las declaraciones del presidente del Consejo Agroindustrial Argentino y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins, han trasuntado un optimismo plausible. Está bien: es parte de su papel y de los avances que ha mensurado en aquellas rondas, pero cualquier acuerdo potencial parece condicionado a los vaivenes diarios de una administración sin otro norte firme que el de asegurarse la impunidad de la vicepresidenta y sus aliados en las causas por corrupción que los involucran.
La seriedad de los temas aduaneros, fiscales y regulatorios de todo orden que se evalúan es indiscutible e incluye cuestiones concernientes al Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa). En lo esencial alivian los trámites administrativos, como lo hace una norma en programación de la AFIP por la que la carta de porte electrónica para automotores se convertiría desde marzo próximo en el único documento válido para trasladar granos y semillas. Un objetivo de igual tenor es la total digitalización de los trámites en la Aduana.
Sería injusto que las gestiones en marcha opacaran lo realizado durante el ministerio de Luis Miguel Etchevehere, en el anterior gobierno. Entre sus logros, se cuentan la eliminación de los registros de operadores exportadores (ROE) a fin de abrir paso a las exportaciones automáticas; el cambio de política de la AFIP, que en lugar de bajar de sus registros a los productores que no declararan a tiempo los stocks de granos y lo sembrado pasó a premiar a los cumplidores; la informatización por autogestión de las guías ganaderas, con lo que se erradicó un trámite que podía imponer a un ganadero, solo para mover hacienda, viajar 200 kilómetros, y el establecimiento del plan Cosecha Segura.
Sobran temas para poner sobre una mesa de negociaciones como la abierta entre el equipo económico y el sector privado. Confiemos en que se obtengan acuerdos de los que pueda decirse que, al menos esta vez, sí triunfe el interés general del país. Y no, según denuncian funcionarios del gobierno anterior, que se produzcan retrocesos del carácter de hacerse de nuevo en papel –los famosos expedientes– trámites que se habían informatizado. Eso ha sido un atraso que reduce la transparencia y facilita la corrupción administrativa.
Es fundamental avanzar en la eliminación de trabas innecesarias, costosas y desalentadoras para quienes con su labor contribuyen a la alimentación de los argentinos y a generar exportaciones.