La promoción a la economía del conocimiento se convierte en ley
Estuvo demorada diez meses y sufrió cambios, pero anoche la Cámara de Diputados avanzaba hacia la aprobación definitiva
Luego de diez meses de suspendida la norma, la Cámara de Diputados se aprestaba a sancionar anoche una nueva ley que establece beneficios fiscales para el sector de la economía del conocimiento, tercer rubro en materia de exportaciones del país. El oficialismo decidió aceptar las modificaciones introducidas por el Senado, lo que motivó el rechazo de Juntos por el Cambio, partidario del texto original aprobado por la Cámara baja en mayo pasado.
El proyecto, heredero de la ley de software, modifica la norma sancionada en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Con la llegada del gobierno de Alberto Fernández se decidió suspender la entrada en vigencia de la ley macrista por considerar que el régimen de promoción allí establecido concentraba los beneficios en los actores más grandes del sector.
Posteriormente, la Cámara de Diputados, a instancias del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aprobó un nuevo texto por unanimidad, pero los senadores kirchneristas, disconformes con la media sanción le introdujeron nuevos cambios al proyecto con el propósito de que los beneficios fiscales recaigan sobre todo en las pequeñas y medianas empresas del rubro.
“Las empresas de este sector tienen muchos beneficios en el exterior. Aquella empresa que no consiga beneficios aquí los buscará afuera. Si realmente queremos fortalecer el sistema productivo de la Argentina, necesitamos dar señales claras. Y este no es el camino”, planteó la diputada de Juntos por el Cambio Karina Banfi.
Según el texto, podrán acceder al régimen –que tendrá vigencia desde el 1° de enero pasado hasta el 31 de diciembre de 2029– las personas jurídicas del sector que cumplan debidamente sus obligaciones fiscales, laborales, gremiales y previsionales. Será condición que el 70% de su facturación total del último año se genere a partir de las actividades promovidas. Este régimen supondrá un esfuerzo de $18.000 millones de pesos por parte del Estado para fomentar el sector.
Un punto importante de la ley es la reducción del impuesto a las Ganancias, que será del 60% para las micro y pequeñas empresas; del 40% para las medianas, y del 20% para las grandes. El proyecto aprobado en Diputados establecía el 60% para todas las empresas sin distinción de tamaño, pero el Senado estableció una diferenciación.
Otro de los beneficios que contempla la iniciativa es la posibilidad, para las empresas, de convertir en un bono de crédito fiscal hasta el 70% las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado. La redacción original establecía que ese bono fuera transferible por única vez, pero el Senado dispuso que sea intransferible. Los bonos podrán ser utilizados por el término de dos años -prorrogables por uno más- para cancelar tributos nacionales, a excepción del impuesto a las Ganancias. Solo los beneficiarios que acrediten exportaciones podrán utilizar el bono a cuenta de Ganancias, “en un porcentaje no mayor al porcentaje de exportaciones informado durante su inscripción”.
Como incentivo adicional, el bono podrá ascender al 80% de las contribuciones patronales si la empresa incorpora a su nómina de personal a mujeres, travestis, transexuales y transgénero; profesionales con estudios de posgrado en ingeniería, ciencias exactas o naturales; personas con discapacidad; personas residentes en “zonas desfavorables o provincias con menor desarrollo relativo”; y personas que, previo a su contratación, hayan recibido planes sociales.