LA NACION

El difuso rol de los hombres que designó el Presidente

- Fernando Bertello

Luego del revés que el juez Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo el concurso de acreedores de Vicentin, le propinara al plan del gobierno nacional de intervenir la empresa, los intervento­res designados por el presidente Alberto Fernández quedaron en una especie de laguna operativa, porque, si bien el magistrado los aceptó como veedores, no tomaron esa posición.

Gabriel Delgado y Luciano Zarich fueron elegidos por el Presidente para hacerse cargo de la firma por 60 días. Ya se les consumiero­n 17 días de esa misión. Pero Lorenzini la frenó.

Según pudo saber la nacion, Delgado se encuentra por estas horas asesorando tanto a Fernández como ayudando al gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que también intentó una intervenci­ón desde su provincia, que el juez relegó abriendo un incidente aparte.

Allegados al equipo de la intervenci­ón sostienen que el rol de veedores, que es el que les adjudicó Lorenzini a los funcionari­os del Gobierno, no fue asumido como tal.

“Gabriel no asumió ese rol. Era intervento­r por 60 días. Ni veedor ni expropiado­r”, contó una fuente cercana al equipo de la intervenci­ón. En el círculo de los funcionari­os tienen en claro que la misión asignada por el jefe del Estado no fue en rigor la de veedores, sino de intervento­res de la compañía.

En rigor, tras el arribo a las oficinas en Avellaneda, Santa Fe, de un equipo de trabajo a las órdenes de Zarich, el segundo de Delgado, empleados de ese lugar dijeron a la nacion que por allí no vieron más a los funcionari­os.

“No apareciero­n más, al menos por la oficina”, señalaron empleados de las oficinas en esa localidad.

Si tanto la intervenci­ón nacional como la de Santa Fe fueron frenadas por el juez Lorenzini, en el sector agropecuar­io la opción de Perotti tampoco convence.

Anteayer, el gobernador de Santa Fe estuvo con la Mesa de Enlace provincial, y allí escuchó reparos de algunos dirigentes que tienen dudas de que una intervenci­ón pueda sentar precedente para acciones futuras de empresas del agro en crisis. En el ruralismo santafesin­o, como en otros eslabones de la cadena agroindust­rial, insisten en que todo debe seguir en el marco del concurso judicial.

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