Empresarios & cía Los dilemas del día 13

El primer indicio de lo que será el invierno acaba de llegarles a los intendentes del conurbano: la recaudación por las tasas de Seguridad e Higiene que cobran a comercios y empresas, y que corresponde al bimestre enero-febrero, cayó hasta 50%. Como la cuarentena arrancó bastante después, el

20 del mes pasado, el motivo de semejante desplome no puede ser la parálisis económica que provoca el aislamiento, sino una decisión drástica de los contribuyentes: no pagar anticipándose a la recesión. Los ingresos nacionales de marzo muestran en la AFIP algo similar: bajaron 10% en términos reales, al doble del ritmo en que lo venían haciendo, e incluyen una disminución del

20% en el IVA.

Son señales claras. Algunos jefes comunales confían, de todos modos, en que no se los abandonará al menos en el aspecto sanitario. El Presidente les garantizó esta semana, escoltado por Kicillof, el envío de los recursos. Pero la promesa no los exime de un futuro que deberán transitar sin margen de error y entre dos infiernos posibles: la explosión del sistema de salud o, por la cuarentena que intenta resguardarlo, el desastre económico.

Dilema de vida o muerte, en sentido literal, que el mundo aún no ha resuelto. Hace dos semanas, un lapidario informe del Imperial College London convenció a Trump y a Boris Johnson, hasta entonces reticentes a medidas que ahoguen la producción, de aplicarlas. El trabajo advertía que por el camino que ambos estaban recorriendo morirían unos dos millones de norteamericanos y otros 500.000 británicos. Ese pronóstico es objetado por algunos académicos. Charles F. Manski, profesor de Economía en la Universidad de Northwestern, especializado en la teoría de la elección racional, uno de los enfoques de la ciencia del comportamiento, acusó el fin de semana en su blog al Imperial College London de estar considerando solo los efectos del coronavirus sobre la atenellos, ción médica y soslayar, al mismo tiempo, los costos económicos y la conducta individual. Manski atribuye la deficiencia a que en el paper solo han trabajado investigadores con experiencia en estudios cuantitativos de medicina y salud pública. Sesgo en que suelen caer también, dice, los investigadores de la política climática: expertos en pronosticar el impacto de las emisiones en la atmósfera y los océanos, a estos científicos les resulta más natural centrarse en la física que en las respuestas de conducta y el impacto social.

Es cierto que los modelos que se proponen saldar esta discusión son infinitos y ninguno ha sido probado. Uno de aun en estado preliminar y elaborado por Amir Shlomai, Ari Leshno, Ella H. Sklan y Moshe Leshno, investigadores de la Universidad de Tel Aviv, es un ensayo para el Estado de Israel: contrapone los efectos de lo que sería una cuarentena total versus los de una parcial, solo focalizada en los grupos de riesgo y con exámenes extensivos de PCR en la población, de 9 millones de habitantes, durante 200 días. El resultado, consignado en el sitio medrxiv, de la Universidad de Yale, le otorga a la primera alternativa la ventaja de salvar 43 vidas más que la segunda, pero a un costo que supera los 102 millones de dólares por cada una. El informe no menciona externalidades inherentes a una pandemia, que en el caso del Covid-19 conforman aún el universo de lo impredecible. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el delito? Las grandes crisis son propensas a estimularlo. Un trabajo elaborado por el argentino Diego Fleitas, máster en Políticas Públicas de Oxford, para el Banco Mundial, indica que en 2002 hubo aquí 4630 homicidios, casi el doble de los 2498 registrados en 2018.

Para los intendentes es sin embargo un debate infecundo. ¿Qué sería peor: el virus desparramado o un desmadre social?, le preguntó este diario a uno de ellos. “¿Y qué le hace pensar que una crisis sanitaria no generaría también un desastre? -contestó-. Mire lo que es Guayaquil. Para la economía tenemos más tiempo, pero 5000 muertos son 5000 muertos. La imagen de un sistema de salud que no responde es también muy fuerte”. La limitación del conurbano empieza en los tests y termina en las camas, las terapias y los respiradores. “Si tengo un infartado lo tengo que mandar también ahí”, acaba de advertir en una reunión interna la directora de un hospital bonaerense. Su par de otro centro de salud pidió confeccionar un código de ética para casos en los que, si se satura la capacidad, haya que optar entre unos y otros.

Son factores que pesarán en la cabeza de Alberto Fernández al momento de decidir si extiende o no la cuarentena más allá del 13 de este mes. Hasta ayer, antes de que el descalabro en el pago a jubilados y las aglomeraciones en los bancos volvieran todo más incierto, las proyecciones estaban indicando que el pico de contagios había vuelto a postergarse a las primeras dos semanas de mayo. Si, pese a ese estropicio cuyas consecuencias se verán en los próximos días, pudiera aplanarse la curva de infectados, ¿convendría cambiar de estrategia, por el bien de la economía?

El Presidente deberá resolverlo proyectando sobre la situación de un establishment económico con el que, además, acumula tensiones desde el domingo. “Pudo ser producto del stress, pero las señales no fueron buenas”, dijeron en la Unión Industrial Argentina, donde no hubo gesto que pasara inadvertido: de calificarlos de “miserables”, Alberto Fernández pasó a definir como “dirigente ejemplar” e “inmenso” a Hugo Moyano, el único líder capaz de bloquear todas las plantas. “Flaco, aflojá con los adjetivos”, sonrió un dirigente fabril. En la UIA tampoco cayeron bien las insinuaciones de Ginés González García sobre las disponibilidades en el sistema de salud privada: temen que algunos think tank que anidan en la Casa Rosada hayan empezado a mezclar emergencia con antojos cargados de ideología.

Justo cuando algunos de ellos habían empezado a ilusionarse con el fin de la fractura social, el virus volvió a exponer viejas diferencias de concepto y de método. Hay, por ejemplo, intendentes bonaerenses del PJ que consultaron esta semana a referentes de la Justicia sobre la posibilidad de decomisar aquella mercadería que no cumpla con los congelamientos de precios. “Acabo de clausurar tres supermercados chinos”, dijo a este diario uno de ellos. En las empresas objetan que la práctica sería inconstitucional y que algunas decisiones, como el decreto de Kicillof para evitar aumentos, son excesivos porque se superponen con la normativa nacional.

Serán siempre asuntos sensibles. Más en emergencia y en un país sin crédito ni moneda. En el corto plazo, elegir entre salud o actividad económica parece una encrucijada atendible; la mirada más extensa indica en cambio que todo empieza y termina en el mismo lugar: la atención médica y el sistema político entero se sostienen por el trabajo de un sector privado que ya daba muestras de agotamiento mucho antes de que cayera esta maldición.