Estados Unidos y las armas
El 20 del mes último, miles de activistas proarmas –entre ellos, grupos de milicias, nacionalistas y supremacistas blancos– marcharon con el lema “las armas salvan vidas” hacia el capitolio estatal en Richmond, Virginia, para protestar contra los esfuerzos de los legisladores de ese estado para restringir el acceso y los permisos para adquirir armas de fuego.
Algunos manifestantes portaban rifles de asalto de estilo militar; la mayoría de ellos, hombres con vestimenta camuflada y con banderas con mensajes de apoyo a Donald Trump. La marcha fue organizada por la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia, influyente grupo armamentista, que convocó a una multitud, pues el Congreso estatal se encuentra controlado desde hace un año por el Partido Demócrata y ha impulsado varios proyectos para limitar la compra de armas de fuego a través de exhaustivas verificaciones de antecedentes y otras necesarias regulaciones. Poco antes del comienzo de la protesta, el presidente Trump apoyó a los manifestantes a través de la red social Twitter.
Cierto es que la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791, protege el derecho de poseer y portar armas, lo cual convierte a los Estados Unidos en uno de los países con menores limitaciones para adquirir armas de fuego. Ello no habilita a que, amparados en un derecho heredado de los padres fundadores, personas con historiales violentos o racistas aprovechen para almacenar armamentos que podrían descargar con furia sobre gente inocente.
Los asesinatos colectivos en colegios, en templos o en establecimientos públicos no son una novedad en ese país. Sin ánimo de trivializar situaciones trágicas, podríamos decir que son parte del paisaje de una nación donde, según las estadísticas, hay más armas que habitantes.
Por todo ello, y antes de que ocurra una nueva masacre, se impone un serio debate sobre los alcances de la segunda enmienda, fijando nuevos requisitos y condiciones para las compras de armas de fuego.