Una difícil conversión: de alianza electoral a coalición de gobierno
El “presidencialismo federal” de la Argentina obstaculiza un ejercicio compartido del poder
¿Cómo define cada partido su fórmula presidencial? Pro se escuda en el derecho natural a la reelección; la Coalición Cívica, en el derecho divino. Alternativa Federal promete ir a las PASO; el kirchnerismo, a Twitter. La izquierda presenta tantos candidatos como pueda; Consenso 19 prioriza la unanimidad unipersonal. En la Unión Cívica Radical existen entusiastas de todos los métodos anteriores; por eso, saldan sus disputas en convenciones en las que peroran, rosquean y votan. Los entusiastas de la nueva política sonríen con sorna ante la antigualla. ¿Para qué sirve este circo?, preguntan sin tapujos.
Sirvió para que Macri sea presidente.
No habría Cambiemos sin Gualeguaychú, la convención radical que en 2015 aprobó la alianza con Pro y la Coalición Cívica. Y sin Cambiemos, Daniel Scioli sería presidente, y Alberto Fernández, sciolista.
Cambiemos fue, desde su origen, una alianza electoral y no una coalición de gobierno. Sus socios intercalan nombres en listas de candidatos, no en gabinetes ministeriales. En la Argentina, la práctica es usual y se llama frente electoral. En Europa funciona de otra manera: los partidos compiten en elecciones y luego cuentan sus bancas, arman la coalición y reparten los ministerios. En Brasil utilizan un mecanismo parecido: los partidos primero pelean por los votos y después negocian. Chile y Uruguay eligieron otro camino: los partidos aliados arman listas comunes, sea por negociación o por primarias. Y si ganan, negocian institucionalmente los cargos de gobierno. Les funciona por dos razones. Primero, los partidos son disciplinados: lo que la conducción decide, los demás respetan. Segundo, son países unitarios: los partidos tienen una conducción, no veinticuatro.
En el mundo existen dos modelos de organización partidaria: el parlamentario europeo, donde los legisladores responden a la conducción nacional de su partido, y el presidencial estadounidense, donde responden ante los electores de su distrito. En el primer caso, la disciplina partidaria es alta; en el segundo, cada legislador hace lo que quiere. El parlamentarismo necesita partidos disciplinados para garantizar la estabilidad de sus gobiernos, y el modelo europeo los provee. El presidencialismo no exige disciplina porque el presidente tiene mandato fijo, así que el modelo estadounidense prescinde de ella. Ambos sistemas funcionan, gracias a sus partidos o a pesar de ellos.
La Argentina es un caso sui generis. Las candidaturas a legislador no suelen decidirlas ni el electorado local ni el partido nacional, sino el partido provincial. Por eso la mayoría de los congresistas responden a su gobernador, y los presidentes deben negociar con ellos los votos que necesitan para sus proyectos. En ningún otro presidencialismo federal del mundo (Estados Unidos, Brasil y México) los presidentes negocian las leyes con los gobernadores.
Las coaliciones argentinas también son complicadas porque los partidos son, ellos mismos, coaliciones. De hecho, el único partido nacional es el del presidente de turno: todos los demás son confedesias raciones de partidos provinciales. Los gobernadores, o los jefes partidarios cuando son oposición en la provincia, pueden desoír a la dirigencia nacional porque controlan cuatro factores de poder: la definición de las reglas y el calendario electoral, la confección de las candidaturas, el financiamiento de la campaña y el reclutamiento de los fiscales para cuidar los votos. Valórese el mérito de las barullentas convenciones radicales, que, a pesar de semejante fragmentación, logran construir una posición nacional.
Las convenciones siguen reglas: en última instancia, se vota. Sin embargo, sobre ese trasfondo formal se construye política con flexibilidad: la rosca no está escrita en los estatutos. Pero las convenciones son eventos que ocurren cada dos años, y algunos piensan que una interacción más frecuente debería institucionalizarse. Gobernar, por ejemplo, exige tomar múltiples decisiones cotidianas. ¿Puede un partido debatir cada una de ellas? ¿Y una coalición? La biblioteca de la ciencia política tiene dos respuestas.
En 2013, los politólogos Catherine Moury y Arco Timmermans analizaron el rol de los “acuerdos de coalición” en cuatro países europeos: Alemania, Bélgica, Holanda e Italia. Y constataron que los pactos firmados sobre políticas públicas facilitan la resolución de controverque surgen durante el gobierno. Sin embargo, la condición del éxito es que los acuerdos sean detallados, lo que acontece solo en un tercio de los casos. En casos de ambigüedad programática, como “unir a los argentinos”, o de objetivos irrealistas, como “pobreza cero”, no hay manera de exigir el cumplimiento de los acuerdos. En 2018, la politóloga Felicity Matthews mostró el funcionamiento de la coalición británica entre conservadores y liberales gobernante entre 2010 y 2015. Su conclusión es fulminante: a pesar de los acuerdos previos, la práctica cotidiana del gobierno de coalición fue flexible, contingente y basada en negociaciones informales y concesiones mutuas. La politóloga llama la atención sobre las diferentes audiencias y lealtades múltiples que enfrentan los socios en una coalición, porque se deben al mismo tiempo a su partido y a su gobierno. También destaca la tensión entre reglas formales y reales. Redactado en castellano y reemplazando los nombres de los partidos, el de Matthews sería un buen artículo sobre Cambiemos.
Y a esta complejidad típica de las coaliciones, la Argentina le agrega el federalismo, porque hay tantos Cambiemos como provincias. Sin embargo, su funcionamiento puede sintetizarse en tres modelos.
El primero y más problemático es Córdoba: líderes radicales y dirigentes de Pro se cruzan en listas enfrentadas. Así, Héctor Baldassi apoyó al radical Mario Negri contra el radical Ramón Mestre, a quien apoyaba Nicolás Massot. Pocos deben agradecerle tanto a este Cambiemos como Juan Schiaretti.
Mendoza y la ciudad de Buenos Aires son ejemplos del segundo modelo. En la provincia del sol y el vino, el radicalismo gobierna y Pro mira de afuera. En Capital, se invierten los papeles, a pesar del compromiso firmado en 2018 en el Tortoni para crear Cambiemos. Los acuerdos formales, como se ve, son tinta para hoy y papel para mañana.
El tercer modelo, exitoso, es el bonaerense. María Eugenia Vidal y Daniel Salvador compartieron la fórmula y dividen funciones. En la Legislatura no existen interbloques, sino bloques de Cambiemos: los partidos están fusionados. Y en el gabinete no hay disputas ni mujeres, lo cual pone en duda la modernidad del acuerdo pero no su eficacia.
El papel de la Coalición Cívica en la trinidad de Cambiemos no es menor. Si Pro es padre en algunas provincias pero el radicalismo lo tiene de hijo en otras, la CC hace las veces de espíritu santo: bendice o sataniza candidatos. Y no le va tan mal: diez diputados nacionales responden a Elisa Carrió.
Nuestra excéntrica combinación de presidencialismo y federalismo electoral dificulta la conversión de alianzas electorales en coaliciones de gobierno. La experiencia muestra que se pueden ganar presidencias con las primeras y gobernar sin las segundas. Pero tanto una alianza como una coalición exigen rosca y muñeca. ¿Reglas? Si hay buena fe son innecesarias; si no la hay, son insuficientes.
Malamud es investigador principal en la Universidad de Lisboa. De Luca es profesor titular en la UBA e investigador del Conicet
Cambiemos fue, desde su origen, una alianza electoral y no una coalición de gobierno
En la Argentina los partidos son, ellos mismos, coaliciones