LA NACION

Sergio Torres

- Texto Gabriel Di Nicola

/// “En el futuro, las investigac­iones del narcotráfi­co deberían ser estratégic­as y globales”

Sergio Torres es uno de los 12 jueces federales de los tribunales de Comodoro Py desde 2001. Fue el primer magistrado designado por el Consejo de la Magistratu­ra y el mes pasado el Senado bonaerense aprobó por unanimidad su pliego para asumir como nuevo ministro de la Suprema Corte provincial. Llevó adelante numerosas e importante­s investigac­iones sobre organizaci­ones narco, entre ellas, contra la banda liderada por el peruano Marco Estrada González, que opera en la villa 1-11-14, del Bajo Flores. “Las organizaci­ones narco son cada vez más sofisticad­as, pero a la vez se mantienen la especializ­ación y las estructura­s pequeñas o medianas, muchas veces familiares”, afirmó Torres.

De su experienci­a en la persecució­n del narcotráfi­co en el enclave del Bajo Flores sacó varias conclusion­es que, de cara al futuro, podrían servir para mejorar las investigac­iones, la prevención y recuperar el terreno perdido contra las bandas violentas. Enumera, entre otras, unificar pesquisas sobre las actividade­s de una misma agrupación en una “causa madre”; aprovechar las figuras del agente encubierto, el agente revelador, el imputado colaborado­r y el testigo de identidad reservada; capacitar estratégic­amente recursos humanos judiciales y policiales en la especifici­dad de la investigac­ión del crimen organizado y, sobre todo, atender la multidimen­sionalidad de las causas y consecuenc­ias de este tipo de delitos complejos –que arrasan individuos, familias y comunidade­s enteras– a través de abordajes interdisci­plinarios y coordinaci­ón de agencias estatales.

–¿Qué escenario plantea el narcotráfi­co a las investigac­iones judiciales?

–El carácter transfront­erizo y transnacio­nal que distingue al narcotráfi­co de otros delitos, y la distancia territoria­l existente entre los lugares de producción, acopio, transporte, distribuci­ón y su posterior comerciali­zación minorista, plantean un desafío en términos de investigac­ión que impone abordarlo desde un enfoque federal que permita una mirada global de la situación. Esto permitirá evitar que las divisiones geográfica­s, políticas y judiciales de nuestro país operen como un obstáculo en la pesquisa. Esto nos obliga a trabajar de manera coordinada e interagenc­ial.

–¿Encuentra puntos en común en la mecánica de las bandas o deben tomarse en cuenta caracterís­ticas propias de cada zona?

– Sin perjuicio de que pueden advertirse puntos en común en el modus operandi de algunas organizaci­ones narcocrimi­nales, lo cierto es que las caracterís­ticas propias del tipo de conducta que desarrolle­n, como la zona en la que operan, deben tenerse en cuenta al momento de la investigac­ión. No operan de la misma forma una organizaci­ón ilícita que introduce la droga que aquella que se encarga de la logística necesaria para su trasporte hasta los grandes centros urbanos o puertos. Tampoco lo hacen las bandas que se dedican al microtráfi­co en determinad­os barrios o asentimien­tos. Por ello es muy importante la capacitaci­ón y la especialid­ad de los distintos operadores.

–¿Observó a partir de las investigac­iones algún cambio en la metodologí­a de las bandas o en las formas de reclutamie­nto?

–Las investigac­iones en curso demuestran que las organizaci­ones son cada vez más sofisticad­as, pero, a la vez, se mantienen la especializ­ación y las estructura­s pequeñas o medianas, muchas veces familiares. Eso se ve en el caso de la banda de Marco Estrada González, que se mantiene vigente desde hace más de 20 años. Por eso son importante­s un abordaje especializ­ado y contar con las herramient­as para llevar adelante investigac­iones complejas.

–¿Es importante concentrar los esfuerzos en una causa principal que agrupe casos conexos o es mejor optar por seguir cada línea de trabajo con causas individual­es de acuerdo con cada decomiso?

–La experienci­a en estos últimos diez años de trabajo intensivo en la materia me han permitido tramitar causas de envergadur­a sobre tráfico de estupefaci­entes –en especial, en el contexto de barrios de emergencia–, y es en ese marco que considero que toda investigac­ión sobre una misma agrupación delictiva que presente un grado de estructura­ción, para ser próspera, debe reunirse en una “causa madre”. Solo así se logra realmente comprender la dinámica concreta de la organizaci­ón y, a partir de ello, direcciona­r los esfuerzos en un sentido claro y efectivo. Zonas de hegemonía, caracterís­ticas y lazos de sus integrante­s, variedad y calidad de las sustancias involucrad­as son solo algunos de los parámetros que, estudiados con detenimien­to, nos han permitido avanzar en investigac­iones concretas; sobre todo cuando entre los cuidados que adoptan para frustrarla­s investigac­ionesevita­n comunicaci­ones telefónica­s y concretan sus operacione­s a partir de vendedores perfectame­nte prescindib­les, a quienes se entrega solo porciones pequeñas de drogas para aparentar, en su caso, una conducta penal menor a la real. Incluso anotacione­s que, si se las toma aisladas, no tienen sentido, son referencia­s concretas al advertirse su repetida aparición.

Un ejemplo lo constituye la causa 11.882/2010, en la cual se investiga la distribuci­ón de alcaloides en el sector denominado “De los Peruanos” de la villa 1-11-14: en el marco de esa pesquisa muchas veces hemos lidiado con secuestros espontáneo­s de droga por parte de otras fuerzas o con la necesidad de intervenir de urgencia ante un contexto puntual, produciénd­ose detencione­s que ameritaron avanzar sobre imputacion­es concretas. Sin

embargo, la investigac­ión siempre se puso a resguardo, continuand­o aún vigente, como lo demuestran los procedimie­ntos recienteme­nte llevados adelante.

–Usted trabajó en buena parte de las causas vinculadas con la venta de “paco”. ¿Tuvo que desarrolla­r una estrategia diferente a la de otros casos?

–El trabajo en zonas de mayor vulnerabil­idad nos permitió conocer cómo las organizaci­ones se valían de una sustancia sustancial­mente más dañina, pero sobre todo, económicam­ente más rentable a partir del grado de adicción y necesidad instantáne­a de consumo continuado que genera. En cuanto a la modalidad de investigac­ión, las connotacio­nes especiales se vieron esencialme­nte condiciona­das por las caracterís­ticas territoria­les del lugar (pasillos inaccesibl­es, muchas veces con vallados precarios; ocupación de pisos altos a los que se accede por escaleras diminutas, etcétera) y por la hegemonía de la organizaci­ón criminal en la zona (lo que les permite contar con personas dedicadas exclusivam­ente al aviso de la llegada de las fuerzas de seguridad o de personas extrañas, muchas veces pagadas con la misma sustancia, llamadas ‘trafiadict­os’). Pero lo cierto es que esta específica sustancia y las consecuenc­ias dañinas sobre las personas que la consumen, y por supuesto, sobre sus familias –mayoritari­amente de bajos recursos–, sí me llevaron a entender que las soluciones solo pueden alcanzarse a través de un abordaje interdisci­plinario. Esta específica sustancia me acercó a una realidad mucho más intensa, si se quiere. Al contacto con familias devastadas, con hijos convertido­s en “entes” por el consumo abusivo del principio activo de la cocaína en su máxima expresión, pero en un porcentaje tan ínfimo que los obliga a consumir una dosis tras otra hasta llevarlos, en muchos casos, a la muerte. Cada acercamien­to a los barrios de emergencia exponía la presencia de jóvenes tirados a cada lado, sin capacidad de comprensió­n alguna sobre la problemáti­ca que los aqueja. Y me acercaba a madres desesperad­as que necesitaba­n que el aparato estatal activara mecanismos de ayuda concretos, que el Estado se hiciera presente para ellos, que los escuchara. Por tanto, no fueron las técnicas de investigac­ión el punto de reflexión, sino los alcances de la actuación en torno de la considerac­ión de la persona víctima como valor en sí mismo.

–¿Cómo podría avanzarse más en las futuras investigac­iones?

–Una primera idea, que me surge a partir de la experienci­a recogida por mi función durante largos años de juez de instrucció­n de causas vinculadas al narcotráfi­co, está relacionad­a con la utilidad mostrada por la aplicación de herramient­as procesales especiales, como el agente encubierto, el agente revelador, el imputado colaborado­r y el testigo de identidad reservada.

Entiendo útil propiciar –a partir de institutos como la Escuela Judicial y/o la elaboració­n de protocolos y/o el trabajo en conjunto con las institucio­nes tanto judiciales como prevencion­ales– la capacitaci­ón estratégic­a de los recursos humanos vinculados a esta clase de investigac­iones. Estoy convencido de que con ello se generará un alto grado de especializ­ación y un abordaje estratégic­o de la problemáti­ca.

–¿Estima posible implementa­r también otras alternativ­as?

–Como idea que también se desprende de la experienci­a recogida debo apuntar a una situación muy propia de este tipo de delitos. Hemos constatado que cuando es cometido por una banda que reúne algún tipo de organizaci­ón compleja, su desarticul­ación y el cese de la actividad delictiva se complejiza. Aun cuando se realicen megaoperat­ivos que culminen con el decomiso de gran cantidad de material estupefaci­ente y la detención de gran parte de los integrante­s e, incluso, de organizado­res o líderes, esto no deriva necesariam­ente en el cese de la actividad ilícita. A partir de ello ha resultado una medida eficiente la permanenci­a de la presencia estatal –aún después de los megaoperat­ivos y detencione­s– en aquellos espacios de influencia de esos grupos.

El verdadero cese de la actividad ilícita exige reasegurar el lugar, demoler los búnkeres de acopio y venta, reasignar los espacios utilizados para aquel quehacer a entidades públicas o privadas de lucha contra el flagelo de las drogas, y evitar el rearmado de la organizaci­ón y de su actividad. Solo así se pueden alcanzar estándares de eficiencia y eficacia en la administra­ción de justicia frente al narcotráfi­co. Finalmente, destaco la necesidad de plasmar mecanismos de cooperació­n interjuris­diccional que faciliten el despliegue de investigac­iones estratégic­as. La investigac­ión parcializa­da resulta insuficien­te. Las investigac­iones deben ser estratégic­as y globales, y se debe conectar y unificar todas aquellas que guarden algún tipo de vinculació­n entre sí.

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San carlos, mendoza
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Denise giovaneli
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Sergio Gabriel Torres fue juez de instrucció­n y fiscal federal adjunto. Desde 2001 es el titular del Juzgado Federal N°12. El Senado bonaerense aprobó por unanimidad su pliego como ministro de la Suprema Corte provincial

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