Piden condenas de 9 años para las mujeres del clan Los Monos
Se trata del primer juicio que enfrenta la banda rosarina por narcotráfico y el fiscal considera que las esposas de los líderes tuvieron un rol fundamental en la distribución de la droga en los búnkeres
ROSARIO.– En la etapa de los alegatos en el juicio por narcotráfico contra la banda de Los Monos, el fiscal Federico Reynares Solari pidió penas de 18 años de prisión contra Ariel Máximo Cantero, alias Guille, y Jorge Emanuel Chamorro, quienes manejaban los hilos de la organización para la producción y comercialización de drogas ilícitas desde la cárcel, a través de sus esposas.
El fiscal le adjudicó, en la línea del procesamiento de la causa que se inició en noviembre de 2015, un rol protagónico a las mujeres de los detenidos, que pasaron a ser el brazo operativo de la banda mientras los hombres esperaban ser juzgados en el fuero provincial por asociación ilícita y homicidios, delitos por los cuales fueron condenados el 9 de abril pasado, Guille Cantero, a 37 años de prisión –la Cámara de Apelaciones rebajó luego seis meses su condena–, mientras que Chamorro recibió una sentencia de 12 años.
El fiscal pidió una pena de nueve años de prisión para Patricia Celestina Contreras, alias Cele, madre de Guille, a quien le adjudica un rol relevante en la toma de decisiones y en la comercialización de drogas ilícitas.
Esta mujer de 51 años firmó un juicio abreviado con el mismo fiscal por el hallazgo de marihuana en su casa en 2013. El funcionario pidió que se unifique la pena con la de este nuevo proceso.
Las otras mujeres que están en el banquillo son Gladys Barrios, tía de la esposa de Guille, quien está acusada de proveer estupefacientes y contactar a los proveedores en otras provincias. Reynares Solari pidió diez años de condena para ella.
Vanesa Barrios, pareja del líder de Los Monos, y Jésica Lloan, de Chamorro, quedaron bajo la lupa en los alegatos como si fueran una extensión en la calle de sus maridos presos. El funcionario del Ministerio Público pidió 12 años para ambas por considerarlas claves en la banda. Ellas recibían instrucciones de sus esposos en las visitas a la unidad penitenciaria de Piñero. Y también a través de teléfonos celulares. “Todas las órdenes eran coordinadas por ellos previamente y en forma telefónica, teniendo absoluto control del funcionamiento de la organización”, dijo.
Otro capítulo lo representan los proveedores de la banda, como Diego Fabián Cuello, dueño de la propiedad donde se acopiaba y producía cocaína en la localidad de Alvear, a quien le pidieron una condena a 11 años y 6 meses. Alejandro Flores, otro abastecedor, el fiscal pidió nueve años de prisión.
Para el fiscal Federico Reynares Solari –según la evaluación que realizó frente a los medios–, quedan en este caso cabos sueltos que se seguirán investigando, con la información de teléfonos que fueron secuestrados hace tiempo. En los aparatos figuran contactos de personas que ya estuvieron imputadas en la causa que se siguió en la Justicia provincial. Entre los nombres figuran agentes de varias comisarías; presos por narcotráfico, que amenazaron de muerte al juez de instrucción Juan Carlos Vienna, como Aarón Treves, el barrabrava de Rosario Central Andrés Bracamonte, y el exjefe de Drogas Peligrosas Gustavo Spoletti, que no fue imputado en el juicio en el fuero provincial.
“Habrá que investigar hechos desde ese año. Hay que profundizar y ver qué se puede hacer con eso. Solicité las remisiones para que se investiguen estas cuestiones. Se deduce de la prueba, que cuando vendían droga en Laprida y Chávez lo hacían a cielo abierto, en ochavas, no en inmuebles. Es sentido común, ¿cómo lo hacían y nadie se daba cuenta?”, dijo Reynares Solari. Pidió que una fiscalía de instrucción investigue esos datos.
Reynares Solari consideró que en este juicio, el primero por narcotráfico contra la banda, quedó acreditada la responsabilidad de cada miembro de la banda narco.
“Ponderamos la continuidad en el tiempo de la organización, la vastedad logística, con muchas personas y eslabones. También valoramos el poder territorial en la zona sudeste de Rosario. Para tener poder territorial se ve claramente una administración de violencia (de la banda)”, aseguró el funcionario del ministerio público.
“Tengo la sensación de que perdemos la batalla contra las drogas. Si bien mi función es ser fiscal de juicio y agarramos hechos cuando ya sucedieron, la sensación es que jugamos de local después de haber perdido 5 a 0 de visitante”, reflexionó el fiscal.