Moyano y Scioli, al margen de la ley

Sobre las denuncias judiciales contraHugoMoyanoyDaniel Scioli, lo que sorprende no es tanto la falta de acompañamiento de la mayoría de los medios y el “sistema” político en general. Lo que más llama la atención es que tanto el sindicalista como el exgobernador se hayan movido con tanta libertad, tan poco cuidado y alarmante impunidad durante tanto tiempo. O más aún: que Moyano lo siga haciendo, como si los seis juicios que debe enfrentar fueran un chiste. Y también sorprende que Scioli, principal responsable de una megacausa con siete expedientes diferentes, continúe organizando encuentros políticos y su entorno sugiera que está listo, una vez más, para ser precandidato a presidente si una parte del peronismo se lo reclama.

En cierto sentido, lo que sucede ahora con Moyano y con Scioli es bastante parecido a lo que pasa con los cuadernos de Oscar Centeno. Casi todo el mundo sabía que los bolsos con dinero “físico” existían. La gran diferencia es que un chofer se encargó de anotar los detalles y que exfuncionarios y empresarios encuadrados en lo que se denomina “los dueños de la Argentina” admitieron en sede judicial que cobraron y pagaron las coimas.

El mecanismo de absorción de los fondos de la obra social, el sindicato, la federación y la mutual de Camioneros por parte del conglomerado de empresas propiedad de la pareja de Moyano, Liliana Zulet, comenzó en 2005, cuando el representante de los choferes de camiones pergeñó dos acciones controvertidas. La primera: su asunción como líder casi absoluto de la CGT. Y la segunda: una agresiva captura de trabajadores de otros sindicatos a favor de su gremio.

En la ampliación de denuncia que Graciela Ocaña presentó en febrero ante el juez Claudio Bonadio, que impidió el eventual cierre de la causa, la diputada nacional recordó que Kirchner y Moyano pactaron en 2004 el régimen de fomento de profesionalización del transporte de carga conocido como Refop. Se trató de un subsidio que implicó la devolución de la mitad de las cargas sociales por parte del Estado a las empresas que incorporaran camioneros. El Refop estuvo vigente hasta 2012. Costó a los argentinos que pagamos impuestos miles de millones de pesos. Fue la principal herramienta con la que Moyano arrebató afiliados a decenas de gremios. Pasó de tener 40.000 a 200.000 trabajadores sindicalizados.

El régimen se interrumpió por decisión de Cristina Fernández. Néstor ya había muerto y la entonces presidenta transformó al Negro en su enemigo público número uno. Ella llegó a acusarlo de buchón durante la dictadura. Y en ese misma reunión él le dijo que se había salvado de ser condenada por enriquecimiento ilícito gracias a su amigo el entonces juez Norberto Oyarbide. Ahora ambos posan para la foto, pero eso es harina de otro costal. Para entonces, el clan Moyano ya se había apropiado de los fondos de una de las obras sociales más grandes de la Argentina, a través de Iarai SA, la empresa de servicios de salud de su pareja. Ahora Oschoca o Conducir Salud, como se la conoce, se halla en estado de casi quiebra, pero Iarai cada vez factura más y mejor.

¿Por qué la Secretaría de Trabajo, que conduce Jorge Triaca, través de la superintendencia de Salud, que maneja Sandro Taricco, no la interviene o, al menos, le envía veedores? Según fuentes cercanas al propio Triaca, porque solo lo podrían hacer en caso de que se denunciara falta de prestaciones del servicio de salud. O que un afiliado, cualquiera sea, se opusiera a la presentación de la memoria y el balance firmados por los titulares de la obra social. ¿Y ninguno de los cientos de miles de afiliados se dio cuenta y fue capaz de denunciar que los están estafando desde hace más de una década?

Hace 31 años que Hugo Moyano maneja el gremio y la federación con mano de hierro y sin oposición. Parece que el hombre es muy convincente. Como sea, lo que hace el clan Moyano –integrado, además de por Zulet, por sus hijos, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet– con Iarai es lo mismo que hace con el resto de sus empresas, como la suministradora de uniformes y servicios informáticos Dixei, la constructora Ancora y la Organización de Seguridad Las Marías. Prestan sus servicios, además de a la obra social, al sindicato, a la Federación, a la mutual, pero también a los clubes de fútbol Independiente y Camioneros. Y todo fluye por el mismo dineroducto: desde los trabajadores sindicalizados hasta las cuentas personales de Zulet, quien comparte la vida con Moyano.

Y así como sorprende que nadie se haya dado cuenta antes de semejante entramado, también llama la atención que las seis causas que lo tienen a maltraer no se unifiquen en una y se investiguen a fondo, para comprender mejor quiénes se quedan con la plata y a través de qué maniobras.

La presunta asociación ilícita que se armó para estafar a Independiente con la venta de entradas, la vidriosa compra de jugadores, los oscuros negocios de los barras y por la que están detenidos, entre otros, Bebote Álvarez, Noray Nakis y Roberto “el Polaco” Petrov es la más escandalosa, pero no la única denuncia judicial. También están la compra de propiedades en Parque Leloir para uso familiar y a nombre de las empresas del clan; la adquisición de un predio en los suburbios de Córdoba capital con un ostensible sobreprecio y bajo la sospecha de haber lavado dinero; la de evasión ante el fuero penal económico y la que tramita el juzgado de la jueza Wilma López por extorsión contra los dueños de Expreso Pontevedra, que incluye un audio de un hombre de Moyano pidiendo dinero por debajo de la mesa para firmar certificado de “libre deuda” sindical.

¿Qué es lo que explica que todavía ni Hugo ni Pablo Moyano hayan sido procesados? ¿El miedo de los fiscales y los jueces? ¿La complicidad de la corporación sindical y el sistema político? Cualquiera puede entender que el gobierno nacional y también el de la provincia de Buenos Aires deben ser independientes del sistema judicial, pero ¿qué papel están jugando los hombres y mujeres del Presidente y la gobernadora María Eugenia Vidal que suelen ocuparse de este tipo de asuntos? ¿Cómo trabajan los organismos de control, las auditorías y quienes deben informar en el marco de los expedientes judiciales?

El fiscal Álvaro Garganta, encargado de acusar a Scioli, a su exjefe de Gabinete Alberto Pérez, a su segundo Walter Carbone –el hombre que tenía en su jardín el emblemático dragón alado– y a varios exfuncionarios y empresarios, ahora está bajo sospecha. Los integrantes del equipo de los denunciantes, comandados por Elisa Carrió y Paula Oliveto, no pueden creer que haya 35 procesados y ningún detenido, y que muchos de los investigaciones se estén empezando a “deshilachar”. No se trata de delitos menores. Incluyen la sospecha de robo de fondos públicos en el IOMA, la Lotería, el Puerto de La Plata, la propia Jefatura de Gabinete, Aguas de Buenos Aires, y la entrega de obra pública de Scioli al empresario Ricardo Miller a cambio de la compra con sobreprecio de un terreno aledaño a La Ñata. Garganta se defiende afirmando que pronto se habrán elevado la mayoría de los expedientes a juicio oral, pero sus detractores dicen que aparece involucrado en la escandalosa causa en que otro juez, César Melazo, ya está preso, acusado de integrar una banda de delincuentes todoterreno. Las denuncias contra Moyano y contra Scioli no hacen al oficialismo mejor. Ni sirven para olvidar sus errores. Tampoco deberían tapar los expedientes que investigan a los aportantes truchos de Cambiemos en las últimas campañas electorales. La buena noticia es que están siendo señalados, uno por uno, los que se mueven al margen de la ley.