Modificaron la ley de parquímetros para avanzar con las grúas
El oficialismo ajustó artículos que eran inconstitucionales
En un intento por destrabar la adjudicación de la nueva concesión del servicio de grúas, que prevé extender el estacionamiento medido al 45% de las calles porteñas, pero fue frenada por la Justicia, el oficialismo en la Legislatura porteña modificó ayer el texto de la ley que aprobó los pliegos de licitación.
La reforma, que fue aprobada con los 34 votos de Vamos Juntos, busca superar la declaración de inconstitucionalidad que recibieron tres artículos de la norma original, impulsada por una ONG. La Justicia porteña consideró que, al entregar predios públicos a los concesionarios para su uso como playas de acarreo, la ley afectaba bienes de dominio público y, por lo tanto, necesitaba 40 votos positivos, según lo pautado por la Constitución; la norma se había sancionado con 33.
Además, dichos predios figuran con la catalogación urbanización parque (UP) y su rezonificación exige el procedimiento de doble lectura, audiencia pública mediante, que no se realizó.
Los nuevos artículos incorporados explicitan que los 11 predios –distribuidos en toda la ciudad– “no forman parte de la concesión” y su afectación “es instrumental a la eficiente prestación del servicio”. Pero “en ningún caso la autorización” para su uso “constituirá a favor del concesionario derecho, privilegio o usufructo alguno” sobre los inmuebles.
También explican que “el gobierno de la ciudad conservará la propiedad de los predios durante toda la vigencia de la concesión”, aunque los ganadores de la concesión deberán ocuparse de acondicionarlos para que funcionen como playas de acarreo.
Con la nueva licitación, los espacios controlados por parquímetros pasarán de los 4000 actuales a 86.768, el 26% de los existentes. Implicará la expansión de los parquímetros a casi todos los barrios. La concesión actual está vencida desde 2001 y las grúas funcionan con prórrogas; ayer se aprobó otra más a raíz de las persistentes demoras.
Los cambios votados serán próximamente discutidos en audiencia pública y deberán ser ratificados en segunda lectura por los diputados porteños, lo que le daría legitimidad al proceso.
No obstante, desde la oposición entendieron que subsisten los vicios de inconstitucionalidad, criticaron la instalación de las playas en zonas UP y advirtieron que podría haber una nueva objeción ante la Justicia.