Preocupantes actitudes del gobernador mendocino
Cornejo debe recapacitar y dejar de buscar más poder procurando una Corte adicta e intentando modificar la Constitución para forzar la reelección
Nos hemos referido ya a los intentos de reforma constitucional para dar piso legal a la posibilidad de reelección del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (Cambiemos). La sabia tradición mendocina no solo no veda la reelección inmediata, sino que evita situaciones de escándalo, como las candidaturas de familiares directos del gobernador. Lo contrario de lo que sucede con los malos ejemplos de Santiago del Estero, San Luis y Santa Cruz.
El gobernador ahora va en busca de una Corte de Justicia propicia a sueños reeleccionistas. Lo ha demostrado al incorporar al tribunal, a raíz de una vacante producida, a quien fue su ministro de gobierno. A fin de subsidiar la insuficiencia de esa estrategia, se empeña en lograr la ampliación de asientos del tribunal.
Por cierto que en el gobierno justicialista anterior se designó para integrar la Corte mendocina a personas de dudosa idoneidad. Pero un gobernador comprometido con el cambio que en diciembre de 2015 esperanzó al país, ¿puede rebajar al Poder Judicial de su provincia a la altura facciosa en la que actuaban los seguidores de Cristina Kirchner?
Por una tradición republicana que se afirmó con la sabia Constitución de 1916, Mendoza ha constituido un modelo ejemplar para las demás provincias. A eso contribuyó, seguramente, la existencia de tres partidos políticos fuertes, en cuya competencia se preservó la calidad institucional que ha distinguido en general a la provincia. La declinación electoral del Partido Demócrata ha sido, en ese sentido, una involución respecto de los necesarios equilibrios políticos.
El gobernador de Mendoza es, además, presidente de la Unión Cívica Radical. Deberían tener en cuenta Cornejo y sus partidarios el desánimo que produce verlos en una porfía ajena a las tradiciones de una fuerza identificada históricamente con la defensa de los valores republicanos. Él mismo ha demostrado a lo largo de su trayectoria política actitudes a tal punto respetuosas de tales tradiciones que no nos resignamos a creer que, en algún momento, desista de la voluntad reeleccionista.
Todos ellos deberían recordar que los presidentes radicales respetaron la política iniciada por Bartolomé Mitre. Al nominar a la primera Corte Suprema, Mitre se pronunció a favor de juristas independientes de la fuerza política sobre la que gravitaba su liderazgo. El gobernador Cornejo debería tener presente que Hipólito Yrigoyen respetó la Corte Suprema heredada del “régimen falaz y descreído”, cuyo presidente hasta 1930 fue José Figueroa Alcorta. Y que a pesar del desprestigio que pesaba sobre la Corte amañada por Carlos Menem, su sucesor radical, Fernando de la Rúa, gobernó sin alterar su composición.
Notable fue el caso de Arturo Illia. Ante una vacante que debió cubrir en su mandato, le ofreció el cargo de juez de la Corte a Carlos J. Zavala Rodríguez. Este destacado jurisconsulto recordó, tanto al ministro de Educación y Justicia de ese gobierno, Carlos Alconada Aramburú, como luego al presidente Illia, que no simpatizaba con el radicalismo. Zavala Rodríguez se sentía próximo a una fuerza conservadora puntana.
El presidente Illia le contestó que quería en la Corte un juez de prestigio, no necesariamente un radical, y puso su peso político para convencer al bloque de la UCR en el Senado para que aprobara el pliego de Zavala Rodríguez. Al restablecerse en 1983 la democracia, Alfonsín actuó de manera parecida cuando tuvo que proponer al Senado la totalidad de los cinco integrantes de la Corte. Solo dos de los propuestos por él eran cercanos al radicalismo; los otros tres tenían definidas afinidades con el peronismo, el liberalismo y el socialismo.
Lamentablemente, Cornejo no está siguiendo los ejemplos que honran a su centenario partido, y pareciera no tener en cuenta que la coalición Cambiemos logró el triunfo debido a la esperanza de la recuperación de los valores de la tradición republicana argentina que estaban en serio riesgo con los gobiernos anteriores, en sus intentos de someter al Poder Judicial y a los organismos de control, y en la búsqueda de subordinación de los medios de comunicación.
Después del desgobierno del Frente para la Victoria en la provincia, en el que el gobernador Francisco Pérez parecía más un delegado de los sindicatos estatales que primer mandatario, hacía falta restablecer el principio de autoridad en Mendoza. Lo ha hecho bien en varios sentidos el gobernador de Cambiemos, pero se equivocará si no da marcha atrás en un proyecto que avanza sobre la división de poderes.
Esperemos que Cornejo recapacite, justo en momentos en que el país espera otros comportamientos de los dirigentes comprometidos con la política oficial en el orden nacional. No menos aguardamos del gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, ajeno a la conducción de Cambiemos, pero empeñado en que se modifique la otra sabia Constitución provincial que no admite reelecciones, para satisfacer sus afanes reeleccionistas. Es hora de asumir con la mayor seriedad las responsabilidades públicas.