Cinco tumbas y un misterio en Malvinas
Muchos años antes del acuerdo con Gran Bretaña que permitió identificar a los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin bajo la leyenda “solo conocido por Dios” había cinco tumbas con los nombres de 12 soldados muertos en la guerra de 1982.
Sin embargo, una denuncia judicial a firmó que esas fosas no albergaban los cuerpos de los ex combatientes enterrados. Ahora, la Justicia trata de develar una trama de errores, omisiones y explicaciones incompletas que se arrastran desde 2004, cuando se remodeló el cementerio y las viejas cruces de madera fueron reemplazadas. Fue en ese momento cuando aparecieron placas con nombres en sepulcros antes anónimos.
El Plan Proyecto Humanitario (PPH), acordado entre la Argentina y Gran Bretaña para identificar a los soldados argentinos “solo conocidos por Dios” en el cementerio de Darwin, permitió que 92 familias supieran con certeza dónde están enterrados los restos de sus seres queridos. Pero esa historia no terminó y ahora podría tener un nuevo capítulo, tras años de incertidumbre.
Una denuncia judicial apunta a que cinco tumbas que tienen lápidas con los nombres de 12 soldados no albergan los cuerpos de los combatientes mencionados allí. Es una trama de errores, omisiones y explicaciones incompletas que se arrastra desde 2004. Hasta entonces esas tumbas no tenían ningún nombre. Pero cuando, ese año, se remodeló el cementerio, se cambiaron las viejas cruces de madera por otras nuevas, se agregaron las placas de granito negro y varios sepulcros antes anónimos aparecieron como si hubieran sido identificados. Los nombres no figuraban en las cruces removidas ni en los listados que el gobierno británico había entregado a la Comisión de Familiares de Caídos en las Islas Malvinas en 1983, luego de la organización original del cementerio que había hecho el capitán británico Geoffrey Cardozo.
Familiares de tres de los soldados cuyos nombres aparecieron en las tumbas en 2004 dijeron a la nacion que nunca les comunicaron la identificación.
Antes de ese año, cuando un deudo viajaba a las islas dejaba las flores en cualquier tumba anónima o en el cenotafio del cementerio. En algún viaje posterior a la remodelación, alguien vio los nombres, lo comentó y el rumor comenzó a correr. Así se enteraron.
Se trata de las familias de Héctor Walter Aguirre, Mario Ramón Luna y Luis Guillermo Sevilla. Los dos primeros eran oriundos de Santiago del Estero. El tercero, de Salta. Sus nombres están en una tumba colectiva (hay varias en el cementerio) designada C 1 10, junto a los restos del gendarme Ricardo Sánchez.
Son familias de condición humilde, que viven en el norte argentino, lejos de donde se toman las decisiones. No tenían ni tienen recursos para pedir explicaciones. Se quedaron esperando en vano algún gesto de humanidad de las autoridades (ver aparte). Tuvo que mediar una denuncia judicial presentada por una ciudadana particular para que el caso se activara.
Alicia Panero, profesora de Historia del Instituto Aeronáutico de Córdoba e investigadora de temas relacionados con la guerra de 1982, se enteró de lo que pasaba y cotejó los nombres con la lista que Car-
dozo había hecho en septiembre de 1983 y con fotos de las tumbas. Vio nombres que no estaban en la lista de sepultados. Eran los de Sánchez, Aguirre, Luna y Sevilla, pero también los de Ramón Edmundo Ordóñez, Víctor Samuel Guerrero, Bernardino Benito Almaraz, Marcelo Pedro Lotufo, Rodolfo Manuel de la Colina, Juan José Ramón Falconier, Francisco Tomás Luna y Guido Antonio Marizza.
Mientras publicaba notas periodísticas que no eran respondidas –“pero tampoco desmentidas”, dice–, Panero interpuso pedidos ante las secretarías de Derechos Humanos de las provincias de los soldados para que estas reclamaran ante la Nación la extracción de muestras de ADN para ser cotejadas con las del cementerio de Darwin en el marco del PPH, el acuerdo humanitario con Gran Bretaña.
En los casos de Aguirre, Sevilla y Luna, las extracciones ya se hicieron y en un mes tendrían que estar los resultados.
“Las autoridades deben publicar el método empleado para la identificación y la fecha de ingreso al cementerio de esos restos, cuyos nombres no figuraban antes. También tienen que ordenar que se extraigan las muestras de ADN a todos los familiares que lo soliciten para verificar la autenticidad de las denominaciones de las tumbas”, agregó.
La investigadora hizo varios pedidos de información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Cancillería, la Fuerza Aérea, la Cruz Roja y la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Como no consiguió explicaciones, en abril pasado presentó una demanda ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Córdoba, a cargo de Gustavo Vidal Lazcano. La causa, caratulada “Funcionarios de la Nación - otros sobre averiguación de delito”, fue remitida a la Justicia Federal porteña, donde se encuentra actualmente.
Panero no cuestiona el trabajo de Cardozo, sino que advierte que las diferencias que se observan podrían obedecer a las condiciones operativas en 1983 y a la manipulación durante la remodelación del cementerio entre 2003 y 2004.
La llegada de la causa desde los tribunales federales de Córdoba a Comodoro Py activó una alarma. El silencio y las evasivas que habían recibido los pedidos de informes se han convertido en respuestas, de distinto tenor, pero respuestas al fin.
Una de las señaladas en la causa iniciada en la Justicia es la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, la ONG que se encarga de administrar el cementerio militar de Darwin.
María Fernanda Araujo, presidenta de la comisión, admitió la existencia de “errores que deben ser enmendados”. También lamentó no haber escuchado antes a Panero.
“Nadie se hizo cargo de nada hasta ahora, pero esta comisión, que asumió en 2016, sí lo va a hacer. Nuestro interés es que no queden dudas de lo que pasó con nuestros caídos. Estamos trabajando en eso. Vamos a solucionar estos graves problemas”, afirmó. La promesa va acompañada de autocrítica: “Alicia Panero tiene razón. No supimos entender su reclamo; estábamos con la cabeza puesta en el proceso de identificación que se hizo el año pasado. El error fue nuestro y tenemos que limpiar su nombre”.
A pesar de eso, remarca que su gestión nada tiene que ver con las irregularidades denunciadas y señala al apoderado de la conducción anterior, César Trejo, como quien representó a la comisión en el proceso de remodelación del cementerio.
“No lo hago responsable, pero el que manejó todo fue él. Cuando asumimos tuvimos que empezar todo de cero. No había ni libro de actas; fueron siete años de desidia y abandono”. A eso atribuyó la falta de documentación sobre los nombres aparecidos en 2004.
Trejo da una versión diferente: “El trabajo que hizo Geoffrey Cardozo dejó bastante que desear; no realizó bien su tarea. La Cruz Roja [N. de la R.: en realidad el Equipo Argentino de Antropología Forense] ahora encontró documentación con los cadáveres que él dejó como no identificados. Si se hubieran revisado bien los cuerpos en el momento no habrían sido enterrados como ‘soldados solo conocidos por Dios’”.
Respecto de la responsabilidad de la comisión durante la remodelación, agrega: “Cuando se construyó el monumento, el presidente de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas era Héctor Cisneros; la secretaria era Delmira de Cao; el tesorero, Leandro de la Colina, y yo me desempeñaba como apoderado. María Fernanda Araujo era integrante en ese momento de la comisión. Se distanció a fines de 2009 hasta su reaparición, en 2016. Pero le reitero: la comisión no tomó ninguna decisión de nominar placas. Siempre se respetó la nómina oficial suministrada por la cancillería argentina, cotejada a su vez con información británica”.
–¿Cómo explica que aparecieran placas con nombres que antes no estaban?
–Habría que preguntarles a los británicos que ejercen de facto el control territorial en las islas. Se quiere responsabilizar a la comisión cuando la responsabilidad de administrar es de ellos.
Desde las islas, John Fowler, subdirector del único semanario de las islas, el Penguin News, responde a la pregunta: “Sentimos mucho el sufrimiento de las familias por la nominación errónea de las tumbas de sus seres queridos, pero no vemos cómo nosotros, los isleños, podríamos ser los culpables. La responsable por el cementerio es la comisión”.
En Buenos Aires, la empresa Calello, encargada de realizar las placas de granito, no guarda registro de pedidos tan antiguos, según dijo el arquitecto Luis Pitassi, de la oficina de técnica y presupuesto de la firma.
“La lista había llegado desde Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de Eduardo Eurnekian, que pagó por la remodelación del cementerio y nos encargó el trabajo de marmolería”, agregó Pitassi.
Ante la consulta, Roberto Curilovic, gerente de desarrollo de negocios de AA2000 (y piloto de aviones Super Étendart durante el conflicto) confirmó esto, pero agregó que la lista de nombres les fue enviada por la Comisión de Familiares de Caídos.
¿Qué piensa hacer el Gobierno con esto? Por lo pronto, reconocer que hay una denuncia. Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos, prometió a través de su vocero hacer todo lo posible “para esclarecer este tema de aparentes irregularidades que datan de hace más de 15 años”. Apuntó: “Nuestro paradigma es trabajar con la verdad, como lo pide el presidente Mauricio Macri, más en un tema tan delicado y sensible”.
También por medio de su encargada de prensa, el canciller Jorge Faurie aseguró que “se va a considerar” la denuncia, pero no se va a avanzar hasta que finalice la identificación de los soldados “solo conocidos por Dios”. Después habría que negociar un nuevo acuerdo con Gran Bretaña para acceder a la identificación de las tumbas en duda. El proceso, consideran en Relaciones Exteriores, será largo.