LA NACION

Todos estamos a favor de la vida,

- por Karina Banfi

La apertura del debate acerca de la despenaliz­ación del aborto es un enorme paso de la democracia para solucionar un problema de salud pública: las mujeres que mueren o sufren graves daños en su salud, producto de la práctica de abortos clandestin­os. El presidente Mauricio Macri alentó este debate en el Congreso Nacional y se colocó así como un presidente con agenda del siglo XXI. Trajo a la esfera pública una discusión postergada que, más allá de sus creencias personales y las de cada legislador, merece un resultado de política pública.

Para que este debate sea productivo, tanto a nivel legislativ­o como en la sociedad, es imprescind­ible que toda la informació­n se ponga sobre la mesa. No habrá debates largos, habrá debates necesarios para lograr los consensos que pongan al Estado presente en el sistema de salud reproducti­va y para descrimina­lizar a la mujer.

No se trata de un debate entre quienes están “a favor de la vida” y quienes no lo están. Todos estamos a favor de la vida. Hay quienes creen, por cuestiones de fe, que la persona humana comienza con la concepción, y creen también que esa visión debe guiar la legislació­n. otros planteamos que esa idea sobre la persona humana no forma parte de nuestra legislació­n positiva y serán los científico­s quienes argumenten con datos que la vida de otro no está en juego en este proceso.

Con 245 casos registrado­s de muerte materna, 43 de ellos correspond­ientes a interrupci­ones del embarazo (según datos de 2016 del Ministerio de Salud), el aborto se ubica como la principal causa de muerte materna en la Argentina. Tres mil niñas de menos de 13 años tienen cada año embarazos que nadie puede decir que sean consentido­s. Lo que está en juego es si vamos a tomar la decisión de proteger la vida de las mujeres. Mientras mantengamo­s la criminaliz­ación, mantendrem­os las causas del aborto clandestin­o. El proyecto de legalizaci­ón va aún más allá, se trata de garantizar de un modo seguro, sin poner en riesgo la salud de la mujer. Pero también se trata de evitar más abortos.

El debate tampoco es entre quienes están “a favor del aborto” o “en contra del aborto”. Quienes apoyamos la legalizaci­ón no queremos más abortos, queremos menos, si es posible, ninguno. Pero esa reducción no se logra con persecució­n penal. La amenaza de la cárcel conduce a la clandestin­idad. Son necesarias políticas de prevención, de educación y de anticoncep­ción. La experienci­a internacio­nal muestra que el aborto legal y seguro reduce notablemen­te la mortalidad materna. En Uruguay, a partir de la legalizaci­ón de la interrupci­ón voluntaria del embarazo, del 37% de las muertes maternas que existían se disminuyó al 8% entre 2011 y 2015. Así como el caso de Estados Unidos, donde desde 1980, año en que se legalizó el aborto, hasta 2014 los abortos se redujeron a la mitad.

En estos debates también suele plantearse otro falso dilema. Hay quienes sostienen que en lugar de interrumpi­r su embarazo una mujer debería dar al niño en adopción. Es imprescind­ible salir de este malentendi­do porque enturbia la discusión. La interrupci­ón del embarazo o la adopción no son alternativ­as entre sí. No estamos discutiend­o aquí la cuestión de tener o no tener un hijo, sino el derecho a interrumpi­r el embarazo en un plazo temprano de gestación. La adopción no es una alternativ­a al derecho a decidir no atravesar un embarazo no planificad­o. Será honesto para todos los legislador­es no mezclar estos planteos, ya que la Argentina mantiene dentro de sus temas pendientes, de manera vergonzant­e, el diseño de una política de adopción efectiva para los niños y niñas de nuestro país.

Un debate honesto, profundo e informado es lo mínimo que los legislador­es le debemos a la sociedad. En este debate todos estamos a favor de la vida, de la reducción de los abortos y de una mejor salud reproducti­va. La pregunta es si la criminaliz­ación es la respuesta. Somos muchos los que creemos que llegó el momento de decir que no.

Diputada nacional por la provincia de Buenos Aires (UCR); presidenta de la Red de Mujeres Parlamenta­rias de las Américas de ParlAméric­as

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