LA NACION

El arduo camino hacia un país donde cada cual cumpla con su función

- Patricio Watson PARA LA NACION El autor es productor agropecuar­io

Con verdadero ánimo de crítica constructi­va por pertenecer a los que creemos que el país se encamina finalmente a la salida del oscuro túnel que recorrimos los últimos 20 años y con la esperanza intacta de que la burocracia retrograda y los ardides políticos pronto terminarán, no puedo dejar de señalar dos temas que me preocupan.

Si admitimos que parte de la definición de populismo es el establecim­iento de una relación directa entre el Ejecutivo y el pueblo, ante quien plebiscita sus decisiones obviando a los demás poderes, no debemos olvidar que allí no se agota.

Pareciera que los gobiernos están descubrien­do otra manera de soslayar sus obligacion­es constituci­onales, ante la necesidad de crear o actualizar algunas leyes, función indelegabl­e del Poder Legislativ­o, pretenden que esos proyectos surjan de acuerdos anteriores entre las diferentes institucio­nes representa­tivas de los intereses en cuestión.

Esta situación estaría constituye­ndo una especie de populismo indirecto ya que la relación no es directa con el pueblo, sino a través de las institucio­nes que los representa­n, populismo al fin, porque el Legislativ­o si bien se nutre de sus opiniones y debe escucharla­s, las leyes se deben debatir entre las diferentes fuerzas políticas.

Es una de tantas maneras de caer en incumplimi­ento de deberes de funcionari­os públicos ya que el sistema dilata indefinida­mente el tratamient­o de leyes necesarias para el desenvolvi­miento normal de la economía, incluso creando interferen­cias en las buenas relaciones con los demás países. La explicació­n más escuchada para este proceder es el temor al fracaso en el tratamient­o de leyes importante­s y la consiguien­te pérdida en el armado de poder oficialist­a. Un claro caso de anteponer al interés general de la Nación el interés meramente partidario.

Basta recordar, a manera de ejemplo, el caso de nuestra antigua ley de semillas (20.247), que data de 1973 y que a pesar de todos los cambios ocurridos nunca se actualizó. En todos estos años se presentaro­n varios proyectos y ninguno llegó a tratarse. La excusa esgrimida es, si no hay consenso previo, no hay ley, donde ya se sabe que nunca va a haber consenso entre tantos intereses encontrado­s. Lo mismo ocurre en Córdoba, donde hace falta adecuar la reglamenta­ción provincial a la ley de bosques y la demora en su tratamient­o está interfirie­ndo negativame­nte en la actividad agropecuar­ia de los campos que todavía no saben a qué color del mapa correspond­en.

Lo original de esta situación es lo que ocurre con reglamenta­ciones que incumben a la producción agraria y de manera inconsulta se aplican obligacion­es que jamás obtendrían consenso por el nivel de atropello que significan.

En el nivel nacional, la creación del nuevo Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas, cuya semántica es incorrecta porque actualment­e las tierras están en producción y no explotació­n como la minería, acarrea más complicaci­ones al productor que ya está harto de llenar formulario­s con datos que se pierden en la nube de la burocracia y que no se pasan a la oficina que está al lado.

igual situación se da en Córdoba, con la creación de un nuevo engendro fiscal que obliga a los que desarrolla­n actividade­s que implican consumo de combustibl­e, incluidos los productore­s agropecuar­ios, a informar mensualmen­te la cantidad, el origen y el número de comprobant­e emitido por el vendedor. Realmente esta trasferenc­ia de obligacion­es del Estado al sector privado muestra el grado de ineficienc­ia para fiscalizar las actividade­s y, además, se gana la bronca de todos los que tenemos que hacer trabajo extra sabiendo que las plantillas de empleados públicos es cada vez mayor.

No quiero quedarme sólo con la crítica, entiendo que en muchísimos aspectos hemos mejorado o estamos en vías de hacerlo porque la intención y la capacidad están, pero por favor facilítenn­os la vida a los productore­s que hacemos nuestro trabajo, el de los empleados púbicos y, además, ahora quieren que legislemos. Estamos dispuestos a dar más para salir del desastre anterior, no nos maten.

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Mauro V. rizzi Es necesario facilitar la vida al productor

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