Indagarán a De Vido por el fraude de Río Turbio
además, el juez le prohibió salir del país
El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue citado a indagatoria como sospechoso de haber desviado 264 millones de pesos que estaban destinados a obras nunca efectuadas en el yacimiento de carbón de Río Turbio. Se lo acusa de triangular esos fondos mediante una fundación de la Universidad Tecnológica Nacional para eludir los controles.
Así lo determinó el juez federal Luis Rodríguez, que, una vez más, rechazó pedir al Congreso el desafuero del actual diputado De Vido y ordenar su detención.
Así lo había pedido el fiscal Carlos Stornelli y sugerido la Cámara Federal. En cambio, el juez decidió indagarlo el 28 de noviembre y obligar a De Vido a entregar su pasaporte y prohibirle salir del país. La misma medida dispuso sobre el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta -que será indagado el 23 de noviembre- y sobre otras 35 personas entre las que se cuentan el ex secretario de minería Jorge Mayoral, el rector de la UTN Ernesto Brotto y otras autoridades de la Universidad, de la Fundación santacruceña de la Universidad que manejó los fondos y de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio
El fiscal Stornelli estimó el fraude contra el Estado en al menos 264 millones de pesos. Pero el monto de la estafa podría ser mucho mayor: entre 2005 y 2015 salieron de las arcas públicas 26.000 millones de pesos destinados al complejo Río Turbio (un proyecto de una central eléctrica, una mina de carbón y el tren Eva Perón).
El tren no funciona y la mina, que debía reactivarse y alimentar la central, produjo en 2015 lo mismo que en 1951: 48.000 toneladas anuales. Según lo proyectado en 2010, debía estar produciendo ya 2.000.000.
El juez Rodríguez tomó esta decisión luego de que la Cámara Federal, en una áspera sentencia, tildó de arbitraria su decisión de no detener a De Vido y no indagarlo.
En ese fallo, el juez Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal, dijo que era evidente el fraude y además estableció nuevos criterios para disponer la detención de funcionarios acusados de delitos de corrupción. Dijo que hay que tener en cuenta el monto de la estafa, la multiplicidad de causas, el poder político que tienen para eludir la Justicia o entorpecer la investigación. Sin embargo, Rodríguez no hizo caso y prefirió dejar a todos libres en aras del principio de inocencia y de libertad durante el proceso. Interpretó que no entorpecerán la investigación, porque ya aseguró la prueba al realizar allanamiento, y porque la mayor parte de los acusados fijó domicilio y “no se verificó un concreto peligro de fuga”.
Un mes después del fallo de la Cámara Federal que lo criticaba con dureza, el juez Rodríguez cambió de opinión. Dijo que en este tiempo realizó medidas de prueba, tomó testimonios, hizo allanamientos y recogió documentación que lo convencieron de que resulta evidente el incumplimiento en las obras que eran despobladas y tercerizadas para eludir controles y aparecen abonadas por el Estado a través del ministerio de De Vido.
Rodríguez dijo ahora que los convenios firmados con la Fundación Facultad Regional Santa Cruz habrían sido los instrumentos usados por los acusados para obtener fraudulentamente fondos del Estado.
Así puso el ejemplo de una empresa metalmecánica que firmó convenios para construir un tren, que se iba a llamar Eva Perón. Gabriel Ajenjo, presidente de GyG Metalmecánica SR, declaró que lo fue a ver un Jaime Álvarez, que se presentaba como asesor del ministro De Vido. En rigor, su cargo era coordinador general y actualmente es ministro de Alicia Kirchner. Álvarez le decía que iba a “consultar con su jefe” sobre detalles del proyecto y que era De Vido quien debía decidir. Le dijo Álvarez que la contratación de las locomotoras y los coches para pasajeros la iban a hacer a través de la UTN, lo que finalmente se hizo.
Rodríguez reunió información que indica que la fundación recibió fondos millonarios y destinó parte de ellos para comprar un inmueble en un complejo de San Isidro de departamentos de dos y tres ambientes con pileta, parrilla y SUM. Actualmente ese lugar no funciona para la fundación, sino que está alquilado y por ello recibe un alquiler mensual.
La fundación posee, dijo el juez, “millonarias inversiones en productos bancarios” y, a su vez, emitió muchos cheques a personas físicas que fueron cobrados por caja.
El juez dijo que se hacía una triangulación entre Yacimientos Carboníferos, la facultad y la fundación. Por eso dispuso la intervención judicial de la fundación, bloqueó sus cuentas bancarias, inhibió sus bienes y embargó el departamento de San Isidro del Complejo Palmas de Rocha,