Gils Carbó, procuradora de impunidad K
La titular de la Procuración General de la Nación acumula graves acusaciones ligadas a su falta de transparencia e independencia en la gestión
Alo largo de su no tan extensa gestión, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, viene acumulando una serie de acusaciones cuya gravedad ha ido en aumento.
Fundadora del movimiento Justicia Legítima, integrado por jueces y fiscales afines al gobierno anterior, no bien inició su gestión fue cuestionada por la sanción de un reglamento que habilitaba a nombrar fiscales “a dedo” según sus simpatías políticas, elaborado por su predecesor interino, que le reservaba la facultad de presidir todos los jurados de selección y de designar a sus integrantes. Este instrumento fue declarado ilegal e inconstitucional por la justicia federal y, a pesar de encontrarse firme el fallo, la procuradora incurrió en una nueva ilegalidad cuando omitió la modificación del sistema de designación de jurados y la convocatoria a nuevos concursos a pesar de la obligación legal de proveer a la integración de las vacantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Luego, se le imputó haber instruido a fiscales para que beneficiaran a funcionarios kirchneristas comprometidos en causas de corrupción. También se la ha acusado por el desvergonzado intento de desplazar al fiscal José María Campagnoli al pedir su juicio político, suspensión y remoción cuando éste investigaba al empresario kirchnerista Lázaro Báez por presunto lavado de dinero y otros delitos.
Asimismo, se la cuestionó por realizar concursos para la designación de fiscales en lejanas localidades del interior, tales como General Pico, Tartagal, Corrientes y Santiago del Estero, para luego, una vez seleccionados y nombrados sus candidatos, trasladarlos de inmediato a fiscalías del conurbano o de la ciudad de Buenos Aires en donde se tramitaban causas de su interés.
En el caso del régimen de designaciones arbitrarias y en el de los traslados irregulares de fiscales antes referidos en una causa promovida por la asociación de abogados Será Justicia, se dispuso una medida cautelar dirigida a suspender el trámite de nuevos nombramientos de fiscales seleccionados sobre la base del discrecional régimen de selección establecido por Gils Carbó, así como la disposición de nuevos traslados de fiscales.
Finalmente, en fecha más reciente, se la acusó por el sospechoso redireccionamiento de la compra de un inmueble para la Procuración en Perón al 600, maniobra en la que habría intervenido, según la imputación, una empresa vinculada con su ex esposo.
De todas estas imputaciones tendrá que defenderse ante la Comisión Bicameral de Monitoreo y Control del Ministerio Público Fiscal, donde ya declararon en su contra cuatro fiscales y el ex procurador ante la Corte Suprema Luis González Warcalde, quien fue el segundo del
entonces procurador general Esteban Righi y que había elaborado el régimen de selección de los fiscales que luego derogó Gils Carbó.
Ante la comisión parlamentaria, el fiscal Carlos Rívolo ratificó su denuncia contra la procuradora por irregularidades en la designación de titulares de fiscalías, además del nombramiento de 1500 personas durante la actual gestión.
Su colega Guillermo Marijuan narró su desplazamiento como titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social y el fiscal de Cámara Raúl Pleé relató una experiencia similar, pues fue separado de la unidad fiscal encargada de combatir el lavado de dinero.
Lo reemplazó Carlos Gonella, de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, a quien Gils Carbó puso a cargo de la Procelac sin que fuese fiscal con acuerdo del Senado. Gonella se desempeñaba en forma provisoria como abogado integrante de una lista para suplencias excepcionales y Gils Carbó tuvo que blanquearlo mediante un rápido concurso en que se lo seleccionó para ser fiscal en Formosa, para ser de inmediato trasladado a la referida unidad en la ciudad de Buenos Aires.
En su exposición, González Warcalde explicó que se contaba con crédito presupuestario para la adquisición de un edificio en Alsina 872, adonde en un primer momento iba a trasladarse la Procuración, y que ignoraba por qué motivo se dejó de lado ese plan, pues finalmente se compró en más de 40 millones de pesos el edificio de la calle Perón al 600.
Sobre esta adquisición, llama la atención el descargo que efectuó Gils Carbó por escrito, tanto ante la comisión como en una causa que instruye el fiscal Eduardo Taiano. Allí, la procuradora defendió la compra, pero admitió que podría haberse registrado un posible “uso indebido de información privilegiada”, motivo por el cual se inició una investigación administrativa que llevó a suspender a un funcionario de la Procuración de su confianza. La investigación se generó tras la publicación de las primeras notas periodísticas. La diputada Elisa Carrió denunció la compra sospechosa de otros inmuebles en la Capital Federal. Se investiga también por qué la procuradora autorizó alquilar un edificio que nunca se usó y para el cual, sin embargo, se compraron muebles, así como la compra de un edificio en Mar del Plata, cuando allí no había más que un pozo.
Sobran los motivos para el apartamiento de Gils Carbó de tan importante función. Mientras ella la ejerza, la ecuanimidad en la actuación de numerosos fiscales y, sobre todo, la de su titular estarán severamente comprometidas, afectando en consecuencia la independencia del Ministerio Público. Las conductas antes descriptas evidencian que existe un manifiesto mal desempeño que debería concluir con su inmediato desplazamiento.
Para algunos, el impedimento práctico para echarla es que, según lo establecido en la ley que rige actualmente el Ministerio Público, para remover a su titular se debe recurrir al procedimiento del juicio político, que requiere contar con una mayoría de dos tercios de diputados y senadores para hacerlo viable, algo que en las actuales condiciones resulta imposible de conseguir.
Sin embargo, hay quienes sostenemos que esta exigencia es inconstitucional, y nos basamos en que los únicos funcionarios susceptibles de ser sometidos a juicio político son los que establece taxativamente la Constitución nacional, entre los que no se encuentra mencionado el procurador general. Así lo han planteado recientemente mediante una acción judicial el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Será Justicia para lograr un fallo que declare la inconstitucionalidad de la norma que ampara a Gils Carbó.
De todos modos, se han promovido además varios pedidos de juicio político en contra de ella fundados en su manifiesto mal desempeño, los que deberían prosperar si los diputados y senadores hiciesen prevalecer un análisis objetivo de las múltiples conductas irregulares en las que ha incurrido, por sobre las conveniencias políticas que hoy le garantizan impunidad.
Gils Carbó acumula veinte denuncias, y ante la comisión bicameral continuarán declarando los fiscales, colegios de abogados y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la Justicia.
En vez de dar un paso al costado, y habiendo optado, en cambio, por la resistencia, Gils Carbó, representa una enorme mancha para el sistema judicial y una rémora de los largos años en que la Justicia estuvo al servicio de la política y la impunidad.
Que la procuradora permanezca vergonzosamente en su puesto no es más que otro peligroso indicador de todo lo que aún queda por hacer en un ámbito que, por más de una década, mantiene en jaque a la República.