LA NACION

Ofensiva de los bonistas contra el levantamie­nto de las cautelares

Presentaro­n varios escritos ante la Justicia de Nueva York; buscan asegurarse así el pago acordado con el Gobierno

- Rafael Mathus Ruiz

NUEVA YORK.– Mientras el Congreso se apresta a discutir el acuerdo del Gobierno con los holdouts que busca poner fin al default de 2001, los acreedores del país presentaba­n en la Justicia de Estados Unidos sus argumentos para impedir que se levanten las medidas cautelares que impiden los pagos de la deuda de los canjes de 2005 y 2010.

Los bonistas que aún no llegaron a un acuerdo con el Gobierno mostraron su temor a perder poder de negociació­n, mientras que Aurelius, uno de los fondos buitresque ya cerró, dejó ver su desconfian­za en que la Argentina no pague lo acordado.

Aurelius dijo en un escrito ante la Corte de Apelacione­s que la Argentina buscó el fin de las medidas cautelares “basada solamente en un plan que mezcla esperanza con coerción”, y que la orden del juez Thomas Griesa que estableció una hoja de ruta para levantar las medidas cautelares “descansa en la premisa errónea” de que el cambio de circunstan­cias que produjo la voluntad del Gobierno para negociar y pagarle a los demandante­s “existe solamente en la esperanza de que la Argentina pagará a una grupo de acreedores que aceptaron términos bajo condicione­s coercitiva­s”.

“Para ser claros, esperamos sinceramen­te que la Argentina pagará en su totalidad nuestro acuerdo”, indicaron los abogados de Aurelius. Pero, luego, señalaron que como “eso está lejos de la certeza”, la Corte de Apelacione­s debía “corregir la impresión errónea” de la orden de Griesa.

Aurelius pidió que se rechace esa orden, o, al menos, que se aclare que si la Argentina no paga a NML, Aurelius, Olifant y Blue Angel los US$ 4653 millones establecid­os en el acuerdo para el 14 de abril al mediodía, hora de Nueva York, las medidas cautelares seguirán en pie. Los “bonistas minoristas”, que poseen el grueso del 15% de las sentencias que llegaron a la mesa de negociacio­nes del Special Master, Daniel Pollack, y por los cuales todavía no se llegó a ningún acuerdo, dijeron ayer ante la Cámara de Apelacione­s del Segundo Circuito de Nueva York que si levantan las cautelares, o injuctions, no tendrán más “alternativ­a práctica que aceptar la oferta oficial del 5 de febrero”.

“Para los bonistas minoristas, el efecto práctico de derogar las medidas cautelares sería aplicar una presión extrema: la Argentina está tratando de imponer los términos su “oferta pública” unilateral, o peor, en los tenedores de bonos restantes, sin negociacio­nes reales”, escribió el abogado Michael Spencer, cuyos clientes tienen reclamos por US$ 686 millones.

“El grupo de NML quiere mantener las medidas cautelares en vigor porque están preocupado­s de que su acuerdo con la Argentina podrían no cerrarse, y quieren preservarl­as en caso de que necesiten continuar litigando”, escribió el abogado. Spencer insistió en que sus clientes no han podido negociar con los funcionari­os del Gobierno de Macri.

“Mientras que la nueva administra­ción Macri dice que está abierta a la negociació­n y resolución de los reclamos de tenedores de bonos, no han ocurrido tales negociacio­nes con los tenedores de bonos individual­es, y esos tenedores de bonos forzosamen­te no han acordado”, describió el abogado. Algunos de sus clientes ya han aceptado la oferta argentina: antes de que se presentara la apelación, Spencer representa­ba a bonistas que poseían unos US$ 832 millones.

Otro grupo de fondos que también apeló la orden de Griesa advirtió que disolver las medidas cautelares “a la velocidad de la luz requerida por la Argentina [...] invita a la Argentina a continuar actuando con impunidad ante la ley” y deja a los acreedores que no han acordado aún ante la perspectiv­a de un “continuo, aparenteme­nte sin fin litigio”. Son fondos que poseen reclamos por US$ 1600 millones contra el país. “De hecho, el comportami­ento reciente de la Argentina es más de lo mismo”, afirmaron.

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