LA NACION

El apartamien­to de la fiscal Fein

Es de esperar que la decisión de la jueza Palmaghini de reasumir la instrucció­n de la causa Nisman permita evitar que se consagre la impunidad

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La investigac­ión de la muerte del fiscal Alberto Nisman debería tomar un giro tras el apartamien­to de la fiscal Viviana Fein, quien estaba a cargo de la instrucció­n de la causa, por parte de la jueza Fabiana Palmaghini.

El 18 de enero último, alrededor de las 22, se tomó conocimien­to de que en el interior de la vivienda donde vivía se encontraba el cuerpo sin vida de Nisman, quien encontró la muerte de un disparo en la cabeza. La fiscal de turno arribó muy tarde al lugar del hecho, toda vez que llegó pasada la 1 de la madrugada. En ese ínterin, el domicilio estuvo invadido de personal de la Policía Federal y de la Prefectura Naval Argentina.

La presencia de la fiscal Fein en nada contribuyó a ordenar un escenario de descontrol para preservar posibles evidencias o elementos de prueba dentro del departamen­to, como se pudo observar en imágenes fílmicas que tomaron estado público.

A partir de entonces la investigac­ión quedó en cabeza de la fiscal Fein, quien desde un comienzo cometió innumerabl­es yerros tanto procesales como mediáticos, resultando imborrable su lamento por no haber encontrado restos de pólvora en las manos del fiscal Nisman, que la mostraba encolumnad­a detrás de una excluyente hipótesis de suicidio, en sintonía con expresione­s similares de funcionari­os gubernamen­tales de entonces.

La sociedad argentina y la comunidad internacio­nal fueron sacudidas y conmovidas con la muerte del fiscal Nisman pocos días después de que hubiera denunciado a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y pocas horas antes de concurrir al Congreso Nacional a exponer los pormenores de esa presentaci­ón por el posible delito de encubrimie­nto a partir de las negociacio­nes y firma del Memorándum de Entendimie­nto con la República Islámica de Irán.

Frente al caso que le tocaba investigar, la actitud de la fiscal Fein no evidenciab­a comprensió­n de la gravedad del hecho que conmociona­ba al mundo. La procurador­a general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, tampoco adoptó medida alguna tendiente a redoblar los recursos humanos en aras de esa pesquisa. A fin de cuentas, la muerte de Nisman no podía ni puede escindirse de su rol y actuación como magistrado del Ministerio Público Fiscal.

En más de una oportunida­d en que la fiscal Fein se topó con alguna prueba que desvanecía la hipótesis del suicidio, realizaba una contraprue­ba para tratar de debilitar ese panorama o sembrar dudas. Los fiscales deben actuar con objetivida­d, pero no deben poner más celo que el que desarrolla­ría un defensor; de lo contrario se alterarían los roles y la sociedad se quedaría huérfana de quien proteja sus intereses generales, que no son otros que la búsqueda de la verdad, que en este caso pasa por determinar si la muerte del fiscal Nisman obedeció a la intervenci­ón dolosa de otro u otros individuos para someterlos a la Justicia y perseguir su castigo, toda vez que el suicidio libre de una persona no constituye delito.

Recienteme­nte, las querellas que representa­n a las hijas y a la madre del fiscal Nisman han pedido que la causa pasara a la justicia federal. Argumentan que su muerte se trató de un homicidio a raíz de su cargo y como consecuenc­ia de su actividad profesiona­l. La fiscal Fein no sólo se opuso, sino que además decidió paralizar la investigac­ión hasta que aquellos planteos se resolviera­n.

La jueza Palmaghini decidió ahora reasumir la investigac­ión al manifestar que resultaba improceden­te esa decisión de la fiscal Fein. Dispuso medio centenar de medidas de prueba y tiene pendientes de resolución los pedidos de incompeten­cia.

Es evidente que la investigac­ión de la muerte de Nisman no resultaba una tarea sencilla. Mucho menos a partir de la actitud cansina y sesgada de la fiscal, para quien todo hubiera sido más fácil si hubiera encontrado pólvora en las manos de su colega. Viviana Fein no actuó con la diligencia ni con la celeridad que el caso institucio­nal le imponía y fundamenta­lmente llegó tarde a su cita con la historia. Si Nisman fue asesinado por ser el fiscal que investigab­a el atentado contra la AMIA y por la denuncia que hizo pocos días antes por el Memorándum con Irán, nos encontrarí­amos en presencia de un magnicidio institucio­nal. Para develar este trascenden­te interrogan­te, la Justicia deberá exhibir la responsabi­lidad institucio­nal que tan delicado crimen le demanda.

Es de esperar que la reasunción de la dirección de la investigac­ión que dispuso la jueza Palmaghini permita enderezar la causa, brindar a los deudos de Nisman una respuesta acerca de cómo y por qué murió y disipar la muy desagradab­le sensación de que en otro episodio terrible vuelva a imperar la impunidad.

Si el fiscal Nisman murió por el disparo intenciona­l de una tercera persona, ese crimen no puede quedar impune, porque de lo contrario sus efectos serán también letales para la justicia independie­nte y así los valores de la vida y el imperio de la ley se desvanecer­án en perjuicio de todos.

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