En el Gobierno atribuyen la medida a las elecciones
Hay malestar en la Casa Rosada y podrían apelar la medida; Gils Carbó y Alak trabajan en la réplica
El gobierno de Cristina Kirchner tomó como un duro golpe el fallo que declaró ayer inconstitucional la actual composición del Consejo de la Magistratura, de 13 miembros, porque podría paralizar al cuerpo hasta el fin del mandato de la Presidenta, el 10 del mes próximo, y porque consideró que al haberse producido tres días antes del ballottage “buscó tener un efecto político electoral”.
El enojo de la Casa Rosada estaba dirigido a los miembros de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Ad- ministrativo, Luis María Márquez y José Luis López Castiñeira. Se los vinculaba ayer en Balcarce 50 con Javier Fernández, influyente abogado en los tribunales, antes afín al Gobierno y ahora enfrentado con el kirchnerismo.
Según confiaron a la nacion altas fuentes de la Casa Rosada, el ministro de Justicia, Julio Alak, y la Procuración del Tesoro apelarán el fallo con un recurso extraordinario ante la Corte Suprema dentro de los diez días de plazo que tienen desde que reciban la notificación formal.
Uno de los principales puntos de análisis era ayer determinar si el fallo paralizará o no el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que preside la jueza Gabriela Vázquez, fundadora de Justicia Legítima y clave en el nombramiento de jueces amigos y la remoción de jueces independientes que perturban al oficialismo en causas molestas.
En el entorno presidencial, aseguraban que el malestar del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, era doble: por un lado, la ley que redujo de 20 a 13 los miembros del Consejo y le dio el control al kirchnerismo había sido impulsada por la propia Cristina Kirchner cuando era senadora, en 2006.
Por otro lado, el candidato a vicepresidente de Daniel Scioli consideró que “no había urgencia para dictar ese fallo” y dijo que “se trató de buscar un efecto político electoral” antes del ballottage.
La Casa Rosada interpreta que el Poder Judicial está mostrando los dientes en este fin de ciclo. El juez federal Claudio Bonadio ordenó el martes último el allanamiento del Banco Central por una posible defraudación en operaciones de dólar a futuro y ayer procesó al titular del PAMI, Luciano Di Cesare, por financiar al Tesoro Nacional con los recursos de la obra social de los jubilados.
Otro motivo de furia de Zannini es que la Corte Suprema no resolverá la apelación del fallo por el Consejo de la Magistratura antes del fin del mandato de Cristina, y así el oficialismo perdería el control del cuerpo por decisión del máximo tribunal y de su presidente, Ricardo Lorenzetti.
La Casa Rosada especula con que es altamente probable que la Corte ratifique la composición original del Consejo, de 20 miembros, con lo cual la actual mayoría kirchnerista quedaría diluida y a merced de una mayoría controlada por el futuro gobierno. Otra posibilidad es que el Congreso, con la composi- ción de legisladores que asumirán en diciembre, sancione otra ley.
“Éste es un golpe durísimo para Cristina y para Gabriela Vázquez, que querían aguantar todo el tiempo posible con la actual composición para nombrar jueces propios y remover aquellos que les resulten incómodos”, señaló un reconocido fiscal. Ese diagnóstico era compartido en el oficialismo.
Si la Corte confirma el fallo de ayer, quedaría casi desmantelado el mecanismo de control que la Presidenta buscó sobre la Justicia. La Corte declaró inconstitucionales la reforma judicial y la ley de subrogancias que le permitía a la Casa Rosada digitar el nombramiento de los jueces suplentes. Sólo le quedaría a Cristina el control sobre la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.