magistratura: es inconstitucional la actual integración
Un fallo anuló la hegemonía de los representantes políticos en el Consejo
Tres días antes del ballottage presidencial, la Justicia declaró inconstitucional la ley que rige el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde hace más de nueve años. La decisión representa un duro golpe para el kirchnerismo, que controla hoy este organismo clave, responsable de la designación y el control de los jueces.
La medida se suma al fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el nombramiento de jueces subrogantes sin necesidad de ser magistrados.
Los camaristas del fuero contencioso administrativo José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez dijeron que la ley 26.080, que Cristina Kirchner impulsó cuando era senadora, no respeta el “equilibrio” en el Consejo y otorga demasiado poder a los políticos.
El fallo ataca el eje de la reforma kirchnerista porque ordena que el Consejo, que hoy tiene 13 miembros, vuelva a tener 20. Así, el oficialismo dejará de contar con el “poder de veto” que tiene hoy.
Cristina Kirchner era senadora cuando diseñó un nuevo Consejo de la Magistratura donde el oficialismo tendría un enorme poder. El Congreso lo hizo ley y ayer, nueve años después, la Justicia lo declaró inconstitucional.
Los camaristas del fuero contencioso administrativo José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez dijeron que el núcleo de la ley 26.080, que en 2006 reformó la composición del Consejo, no respeta el “equilibrio” entre los estamentos que exige la Constitución Nacional y les da “un claro predominio” a los representantes de la política en detrimento de los jueces, abogados y profesores universitarios. La Carta Magna dice qué estamentos deben estar representados en el Consejo y pide una composición equilibrada, pero delega en los legisladores fijar los números.
Lo más insólito de este fallo es la oportunidad. No sólo porque hace nueve años y cuatro meses que el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó la demanda, sino también porque la sentencia se dictó cuando faltan tres días para las elecciones presidenciales.
Hacía un año que el caso estaba en la Cámara. En febrero dictaminó el fiscal y el 4 de mayo se llamó a “autos para sentencia”. Pero esa sentencia, un documento de 25 páginas, sólo se dictó ayer y sin uno de los miembros del tribunal, María Claudia Caputi, que está “en uso de licencia”.
El fallo ataca el eje central de la reforma kirchnerista porque ordena que el Consejo, que hoy tiene 13 miembros, vuelva a tener 20. Así, el oficialismo dejará de contar con “poder de veto”. Ahora, ningún juez puede ser sometido a juicio ni elegido sin el aval del Frente para la Victoria.
Y la situación actual la heredará el nuevo presidente. La relación de fuerzas en el Consejo es siete a seis; de ganar Mauricio Macri, esto se invertiría porque cambiaría el representante del Poder Ejecutivo, pero no se modificaría el escenario respecto de las decisiones más importantes: la selección y el control de los jueces. Para enviar ternas y abrir juicios políticos se necesitan dos tercios, que nadie tendrá sin acuerdo con quienes hoy forman el bloque kirchnerista. Es por eso que el macrismo evaluaba, de ganar el domingo, la posibilidad de impulsar otra reforma del Consejo.
El fallo de ayer no será de aplicación inmediata y el Estado sin dudas va a presentar un recurso para que intervenga la Corte. Después, suponiendo que el fallo sea confirmado, deberán “adoptarse las medidas tendientes a completar la integración” –dice la sentencia– con los miembros nuevos, y eso incluye elecciones para los abogados, jueces y académicos.
“Estamos muy contentos, pero lamentamos que no hubiera salido antes –dijo Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados–. Se hubieran evitado muchos abusos...”
El desequilibrio en el que basan su fallo los camaristas no es entre oficialistas y opositores, sino entre el “estamento político” y los demás. En ese estamento político están incluidos el representante del Poder Ejecutivo y los seis legisladores (hoy, cuatro kirchneristas y dos radicales). Este grupo de siete –dice– “no requiere el aval de los otros sectores para sesionar ni para decidir”, por eso, “se verifica así un claro predominio”.
La vieja ley que volverá are giro torgaa jueces, abogados y académico s un papel mucho más importante porque el quórum volverá a ser de 12 y esos tres estamentos sumarán 11 bancas, que incluyen la del presidente de la Corte. Con la reforma que impulsó la Presidenta, el único sector que no había perdido nada era el kirchnerismo. Conservó sus cinco bancas y hoy suma como aliados al académico Jorge Candis y a la jueza Gabriela Vázquez.
¿Qué pasa con las decisiones que tomó durante todos estos años este Consejo “inconstitucional”? Los camaristas aclararon que su fallo “en modo alguno” las priva de validez.
Las propias designaciones de los dos camaristas que firmaron esta sentencia podrían estar en riesgo de sostenerse lo contrario. Los dos fueron seleccionados con esta conformación. López Castiñeira, antes de convertirse en camarista, era asesor en el Consejo del juez Luis Bunge Campos. Su concurso estuvo rodeado de un escándalo porque su ex mujer denunció que él tuvo de antemano el examen que le tomaron y que había arreglado el concurso con el auditor Javier Fernández, por entonces un hombre fuerte del Gobierno en la Justicia. La denuncia motivó incluso una causa penal, que no prosperó.
Ayer, el oficialismo criticó la sentencia. La diputada Diana Conti dijo que era una “osadía” y que la Corte había resuelto ya el tema. “Definió que la mera disidencia con una ley no implica inconstitucionalidad”, dijo. La Corte intervino dos veces, pero eran amparos y con planteos diferentes, según se advierte en el fallo de ayer. La más parecida fue la presentación del abogado Ricardo Monner Sans, que la Corte declaró “inadmisible”.
Ahora la pelea seguirá en la Corte. Si el domingo gana Macri, la oportunidad de este fallo tendrá otra consecuencia: de haber sido dictado después del 10 de diciembre, un eventual gobierno macrista no lo hubiera recurrido; la sentencia hubiera quedado firme y el caso, cerrado.