Polémica por un pacto Pro-K para cederle la ex ESMA al Gobierno
Organismos de DD.HH. se opusieron al pase de cinco centros de detención
Los “piropos” de Mauricio Macri eran tema de acalorada discusión de los legisladores porteños cuando Adolfo Pérez Esquivel llegó al recinto y se sentó en el hemiciclo reservado a los invitados especiales.
“¡Ganamos, no tienen los votos!”, gritó una hora después Vilma Ripoll (MST), quien había llegado junto al premio Nobel de la Paz para oponerse a un proyecto polémico impulsado en conjunto por el macrismo y el Frente para la Victoria. Se trataba de la cesión a la Nación de una decena de edificios porteños en los que funcionaron centros clandestinos de detención, incluido el de la ex ESMA, en el que desarrolla sus actividades el Instituto de Espacio para la Memoria (IEM), integrado por organismos de derechos humanos no alineados con el kirchnerismo.
El convenio, firmado el 5 de marzo pasado por la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, necesita de la aprobación del Congreso nacional y de la Legislatura porteña. Fue aprobado por el Senado en su sesión del 9 de abril, con la oposición de Norma Morandini (Frente Cívico), y está pendiente su tratamiento en la Cámara baja. Ayer, luego de la aparición de Pérez Esquivel (aplaudido de pie por la cámara), se levantó la sesión, aunque macristas y kirchneristas prometieron a la nacion volver a la carga en quince días.
¿Por qué se oponen los organismos no kirchneristas? “Acá hay un nuevo pacto de Pro y los K, que quieren convertir a la ex ESMA en su búnker”, afirmó Pérez Esquivel a través de un comunicado. “El IEM está integrado por Madres Línea Fundadora, el Serpaj, la Liga, el MEDH, Familiares e Hijos, es un instituto autárquico y autónomo para definir políticas más allá de los gobiernos y los vaivenes partidarios”, continuó el dirigente de derechos humanos. La sospecha: que el Gobierno “disolverá” el IEM para tener “una visión unificada” de los derechos humanos.
¿Qué dicen desde Pro? Fuentes del macrismo reconocieron que el convenio forma parte de “un acuerdo más amplio” con el kirchnerismo. Afirmaron que la cesión se relacio- na con “el deseo de la Presidenta de tener todos los ex centros clandestinos bajo su órbita” y agregaron que con la cesión se ahorrarán unos 80 millones de pesos anuales que hoy salen de las arcas porteñas. Con esta cesión, el gobierno de Pro (a través de su secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj) se quedaría sólo con el control del Parque de la Memoria y de las “políticas de memoria” porteña.
Ausencias
La votación de ayer se frustró, en realidad, por la ausencia de dirigentes de Pro (faltaron Iván Petrella y José Acevedo) y legisladores cercanos a la Casa Rosada. Jorge Taiana, Aníbal Ibarra, Gabriela Cerruti y Pablo Ferreyra no asistieron o se levantaron de sus bancas para no votar. “De concretarse su disolución (del IEM), la Ciudad perdería una valiosa herramienta en políticas de memoria e implicaría un retroceso no sólo para el movimiento de derechos humanos, sino para toda la sociedad”, afirmó ayer Ferreyra.
La centroizquierda no kirchnerista también se opone al proyecto. “La ciudad resigna una de las políticas de Estado que tiene desde 2002. Y se la cede al kirchnerismo para que haga su propia política de derechos humanos”, afirmó a la nacion Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de la CC-ARI en la Legislatura.
El convenio firmado por la Casa Rosada y el gobierno porteño incluye seis edificios dentro de la ex ESMA y otros cuatro, denominados Club Atlético, Automotores Orletti, El Olimpo y Virrey Ceballos, todos en la Capital. Según el texto, el Gobierno se compromete a sostener las fuentes laborales del IEM luego del traspaso, aunque los organismos no kirchneristas descreen de que esa cláusula se cumpla.
El final de la sesión fue, a todas luces, bochornoso. “Lo vamos a aprobar (al proyecto) dentro de quince días. Y vamos a hacer un asadito en la ESMA”, gritó la presidenta del bloque kirchnerista, Gabriela Alegre, al momento de levantar la sesión, y mirando a parte de los 170 empleados de la IEM que asistieron a la Legislatura. La polémica quedó postergada hasta entonces.