De la TV estatizada a la TV kirchnerizada

Se cumplen cuatro décadas del primer acto de la estatización de los canales de TV. El aniversario coincide con una ofensiva creciente del Estado en materia audiovisual ( Fútbol para

Todos; 6,7,8 ; monopolio de la Televisión Digital Abierta; creación de señales públicas como Encuentro; Paka Paka, Incaa TV, DeporTV y otras ; colonización de la radio y del cable con amigos del poder; áspera batalla por la ley de medios para desmembrar al Grupo Clarín; manejo discrecional de presupuestos millonarios para financiar producciones televisivas de figuras que simpatizan con el Gobierno, etcétera).

Cuarenta años atrás, el 8 de octubre de 1973, el gobierno interino de Raúl Alberto Lastiri, cuatro días antes de la asunción por parte de Juan Domingo Perón de su tercera presidencia, dispuso la intervención de los canales 9, 11 y 13, de Capital Federal; el 7, de Mendoza y el 8, de Mar del Plata.

Fueron diez meses de administración híbrida, entre los permisionarios privados, que siguieron manteniendo la gestión de sus empresas mientras los recién llegados –los funcionarios gubernamentales– más que nada se concentraban en vigilar el contenido de los noticieros.

Bastó que el 1° de julio de 1974 muriese Perón –quien le dio largas al asunto y nunca se entusiasmó mucho en patearles por completo el tablero a los licenciatarios– para que tan sólo un mes después el gobierno de su viuda, María Estela Martínez, dominado por el superministro José López Rega, avanzara de facto, y hasta con grupos armados, sobre las emisoras.

No era la primera vez que había monopolio estatal en la TV local. Creado en 1951 por el primer gobierno peronista, Canal 7 se mantuvo en soledad los siguientes nueve años. No fue una administración democrática, sino una dictadura militar la que abrió el sector a jugadores privados en 1958, aunque fue ya durante la presidencia de Arturo Frondizi, que comenzaron a operar tres emisoras nuevas, a partir de 1960, en manos particulares.

Otra dictadura, la de Alejandro Lanusse, dio por vencidas las licencias por quince años, al tomar como fecha de inicio de las operaciones el año 1958 y no 1960/61 cuando, efectivamente, se iniciaron las transmisiones. Pero dejó el tema pendiente para que lo resolviese el gobierno ungido en las urnas en marzo de 1973.

La TV privada de los 60 fue, en general, muy buena y sentó un modelo a imitar para países como Brasil y Venezuela, que entonces iban más atrás. Pero al entrar en los 70 deterioró sus contenidos, entró en una competencia malsana y su economía se resintió.

La estatización de la TV argentina podría haber seguido el ejemplo de su par pública europea, que liberada de las exigencias de la competencia feroz típica de ese medio cuando está en manos particulares brindó durante décadas programaciones de ele- vados contenidos culturales. Lamentablemente, aquí no pasó nada de eso.

Como sucede ahora con Aerolíneas o YPF, más allá del arrebato chauvinista, no hubo proyecto ni un plan concreto a largo plazo. La TV en manos estrictamente estatales implicó un grave retroceso tecnológico, nos hizo perder competitividad en contenidos y sumió a la industria televisiva en un descalabro económico descomunal.

La Argentina sí había seguido el ejemplo europeo tras la caída de los totalitarismos en 1945, al desmembrar las redes nacionales de radiodifusión tras la caída de Perón. El fin era evitar que éstas fuesen pasto fácil de nuevos gobiernos autoritarios.

Al estatizar del todo la TV en 1974, el peronismo incurrió en un error similar. No sólo hubo menos fuentes de trabajo, atraso en los pagos, más enlatados, uso político de la pantalla y persecución ideológica de artistas, sino que le legó ese aparato de comunicación masiva a la dictadura militar de 1976, que lo usó a su antojo. La competencia entre las distintas fuerzas que detentaban cada canal elevó a cifras astronómicas las contrataciones y el régimen usufructuó de la TV activamente durante la Guerra de las Malvinas.

Raúl Alfonsín sólo soltó Canal 9 cuando Alejandro Romay amenazó con hacer cum-

Hace cuarenta años el peronismo intervenía los canales; ahora avanza por vías indirectas

plir en la Justicia la adjudicación otorgada por los militares pocas semanas antes de irse. El “zar” se hizo un picnic en los seis años siguientes al imponerse fácilmente a los tres ineficientes canales a los que les sacaba audiencia, publicidad y programas.

El resto de la historia es conocida: Carlos Menem reprivatizó los canales 11 y 13, y casi le vende ATC a Televisa. Los espacios del canal decano, que quedó en manos del Estado, fueron repartidos entre los amigos del poder; la Alianza intentó una programación mejor, más orgánica y democrática. El kirchnerismo arrancó cauto y fue in crescendo en materia de contenidos propios, avanzando informalmente sobre otros canales: el 9, por ejemplo, lleva un par de años recibiendo dócilmente producciones de clara procedencia oficialista, consiguió de Telefé una suerte de valiosa neutralidad informativa, en tanto que América embiste contra Jorge Lanata, el periodista que más incomoda al Gobierno. La última invención, desde el Estado, en materia televisiva, es el peculiar programa itinerante de la Presidenta, que lleva implícito la inestabilidad de horarios, canales y entrevistadores.