Súper cepo: impuestos de por vida y ningún ajuste
Ha quedado claro que el Gobierno no está dispuesto ni tiene entre sus prioridades realizar ajustes al gigantesco déficit fiscal que administra
La fiesta del gasto sigue, a cuenta de mayores impuestos y controles que golpean la rentabilidad y el ingreso de las empresas y las familias
Agravó el Gobierno la crisis de confianza en los mercados al decidir finalmente extremar el cepo y los controles de cambio como respuesta al agotamiento de las reservas de libre disponibilidad en el Banco Central. Se profundizó la devaluación del peso y se derrumbaron bonos y acciones argentinas, perdiendo todo lo que habían ganado por el canje de la deuda. La cotización del dólar libre legal para transferir fondos a cuentas del exterior se arbitraba ayer en torno a $ 148, por arriba incluso del dólar blue que cerraba cerca de $ 145. Había más grandes inversores tratando de salir del peso, que del público y pequeños inversores que se mueven en el mercado marginal.
La señal del súper cepo se interpreta como la peor noticia para el mundo económico y las empresas, mirando sobre todo el futuro inmediato de las reglas de juego que se van a imponer para el desarrollo de la actividad privada en el país. Ni hablar, mirando el mediano y largo plazo. Por lo pronto, de un plumazo, se lesionó el crédito internacional de todas las empresas que operan en el país.
Sencillamente ha quedado claro que el Gobierno no está dispuesto ni tiene entre sus prioridades realizar ajustes significativos al gigantesco déficit fiscal que administra - el problema de fondo que devalúa el peso todos los díasy que esos desequilibrios se van a seguir cubriendo con emisión monetaria sin respaldo. Ni siquiera se sabe cuánto más déficit habrá que anotar en función de la duración de la Pandemia y las cuarentenas que potencian el problema ya que exige más gasto y golpea la recaudación.
La devaluación y la inflación que todo esto genera, el aumento de la brecha y la consecuente presión sobre las reservas de los importadores y pagadores de deudas que buscan llegar primero para lograr obtener los dólares baratos del Central, se resuelve con más controles. Intervenir con precios máximos para frenar el dólar y los precios, mantener los congelamientos de tarifas, y profundizar un régimen cada vez más estricto en el comercio exterior y sobre todo las importaciones. Si fuera necesario, prohibir la compra de dólares para ahorrar o para viajar.
Una economía cada vez más regulada y con controles estatales crecientes, para garantizar que el Banco Central pueda seguir asistiendo con la fábrica de billetes el infinito gasto público con el cual se pretende ganar las elecciones el año que viene.
Será necesario mantener los subsidios al transporte y a los servicios públicos para evitar incrementos impopulares de tarifas, en tanto que la asistencia financiera a la provincia de Buenos Aires y al conurbano se sabe será sin límites por la necesidad de respaldar el proyecto político de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, los herederos de Cristina, en el distrito clave para mantener el poder en el país. Ganar las parlamentarias en la provincia el año que viene significaría para el oficialismo acercarse a las mayorías especiales en el Parlamento para, por ejemplo, cambiar la Corte o promover una reforma constitucional.
Como el déficit seguirá siendo gigante y no todo se puede cubrir con emisión por el riesgo de acercarse a la híper, el otro mensaje dramático para el sector privado es la suba de impuestos que se está preparando en el Congreso, no solo el impuesto a los supuestos ricos de la Argentina. Se prepara una contra reforma en ganancias que impida el ajuste por inflación y aumente las alícuotas y la carga para empresas y empleados en relación de dependencia. Ya se aumentó el gravamen a los autos y habrá mayores ajustes en los impuestos internos a consumos no esenciales. También aumento de aranceles y cargas a importaciones de lujo. Se planea un fuerte revalúo inmobiliario para aumentar significativamente los impuestos a las propiedades urbanas y sobre todo rurales. Y se intentará generalizar el impuesto a la herencia.
La política cambiaria en sí ya es un impuestazo hecho y derecho. Conviene observar que en el valor altísimo del dólar entre $ 130 y 140, el Gobierno contribuye con una buena parte, digamos entre $ 40 y 50, al establecer el doble impuesto al dólar ahorro de 30% más 35%. Como en tantos otros bienes, hasta el agua mineral, es el Gobierno el que encarece los precios aplicando impuestos por encima de 50% a los consumidores.
La fiesta del gasto sigue, a cuenta de mayores impuestos y mayores controles que naturalmente golpean la rentabilidad y el ingreso de las empresas y las familias. El ejemplo que ayer se comentaba en redes sociales sobre la expropiación a la que sería sometido el tenista Diegoschwartzman si trae a la Argentina el premio que ganó en el final de Roma es elocuente: por cada 100 dólares que cobra, si los ingresa a la Argentina pesificados a $ 80 y luego, después de la retención de ganancias, quisiera recomprar los dólares para tenerlos o enviarlos a una cuenta, lograría apenas entre $ 42 y 45 por cada u$s 100 que cobró. De su esfuerzo, 60% se lo quedó el Gobierno.
Y todo indica que la masacre impositiva va a continuar. Se anuncia una nueva moratoria previsional para incorporar entre uno y dos millones de nuevos jubilados con derecho a cobrar, a pesar de que no realizaron los aportes correspondientes. Se anuncia también la creación de nuevas empresas estatales, una de telecomunicaciones, por ejemplo. Cientos de directores y cargos jerárquicos, miles de empleados, inmuebles, autos, choferes, y demás beneficios para el poder político.
Si se repite la historia argentina, nadie cree que el aporte solidario por única vez que se les quiere cobrar a los supuestos ricos sea por única vez. Entre el impuesto a los bienes personales y esta sobre carga que promueve Máximo Kirchner con la letra de Carlos Heller, el impuesto al patrimonio en promedio llegará a 4%, trepando al doble en el caso de los activos declarados en el exterior y no repatriados. Y ni siquiera afecta a los ricos. Se impone contra productores agropecuarios o empresarios pymes a quienes les cuentan sus activos productivos como si fueran ahorros en paraísos fiscales. No debería sorprender, en este escenario, el creciente número de familias y empresas que seguirán intentando buscan huir de ese modelo de expropiación permanente con el cuento de la redistribución de la riqueza, buscando residencia fiscal fuera de la Argentina.