La factura de gas subiría 1.000% en panaderías y restaurantes
A los aumentos de tarifas se suma la eliminación de una bonificación que favorecía a las MiPymes. Las gasíferas temen por el impacto en la Justicia.
El Gobierno eliminó a partir del 1 de abril un descuento sobre el precio del gas que tenían desde el año pasado las "MiPymes" (micro, pequeñas y medianas empresas), con lo cual los comercios como panaderías, restaurantes, pizzerías y miles de otras compañías tendrán una doble recarga en sus tarifas, porque también se les eliminaron los subsidios.
De esta forma, los usuarios catalogados como "Servicio General P" (SGP, no domiciliarios) por las distribuidoras verán durante el invierno fuertes saltos en sus boletas de gas, que podrían superar el 1.000%.
Los usuarios SGP están divididos según su consumo en tres categorías. El ejemplo clásico que se utiliza en la industria es una panadería, que habitualmente consume para su producción entre 1.000 y 9.000 metros cúbicos (m3) mensuales o hasta 108.000 m3 al año y se encuentra en la categoría SGP II. Hasta marzo, ese comercio pagaba 42 centavos de dólar por millón de BTU por el gas natural "en boca de pozo", sin contar el transporte y la distribución. Desde abril, abonará US$ 2,94 y entre mayo y septiembre, US$ 4,49, siempre con indexación al tipo de cambio oficial.
Pero además, el beneficio que tenía si estaba anotado en el registro de las pymes era un descuento sobre esos 42 centavos de dólar, por lo que el salto porcentual será mucho mayor.
La derogación de este beneficio se implementó en el artículo 7 de la Resolución 41/2024 de la Secretaría de Energía, que dio de baja al artículo 5 de la Resolución 6/2023.
Esa norma establecía un descuento sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST, que es uno de los componentes de las facturas) de entre el 4% y hasta el 88%.
Esta nueva normativa, vigente desde principios de mes, está en revisión dentro de la industria, pues hay quienes entienden que el aumento por varios frentes puede sobrecargar a los usuarios mucho más allá del criterio de "gradualidad" que estableció el fallo CEPIS de la Corte Suprema de Justicia en 2016. Es decir, que la Corte obstaculice y ordene retrotraer la suba de tarifas y quita de subsidios a Javier Milei, como lo hizo en el primer año de gobierno de Mauricio Macri. Es un riesgo latente.
Vale recordar que este mes se actualizaron los precios del gas y se le quitaron los subsidios a los hogares de ingresos o patrimonios altos y aquellos que no se anotaron o renunciaron a los subsidios, y también a todos los usuarios no domiciliarios excepto las Entidades de Bien Público (EBP) como hospitales, colegios y clubes de barrio. Y se ajustaron las tarifas de transporte y distribución en torno a un 600%. Y en el caso de las MiPymes, se termina ese beneficio.
El fuerte incremento de las tarifas generó una dicotomía en el sector. Celebran que ahora se pagarán precios más acordes con los costos de producción, transporte y distribución de gas. Sin embargo, ninguna fuente oficial o privada se atreve a calcular porcentajes del ajuste y prefieren hablar de "términos absolutos", en los cuales aún las tarifas energéticas de la Argentina, señalan, seguirían siendo baratas. Aún así, a casi 20 días de la medida del Gobierno, le es imposible a la industria comunicar un ejemplo clásico de consumos de usuarios no residenciales y su impacto relativo y en los costos de producción de estos comercios.