La Bicameral de Inteligencia controlará la oficina de las escuchas
La dirige Moreau, un ultra K. Lo resolvieron Cristina y Massa, en el marco de la polémica por el DNU de Macri.
La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y el presidente de Diputados, Sergio Massa, firmaron un resolución conjunta para que el Congreso -a través de la bicameral de Inteligencia- haga un seguimiento de las actividades de la oficina de escuchas judiciales, dependiente de la Corte.
El decreto pone en funcionamiento un convenio de colaboración firmado entre el Parlamento y el Máximo Tribunal en septiembre de 2016.
Ese acuerdo estipula que el Congreso efectuará "el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DAJuDeCO), a efectos de garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional".
Para hacer esta tarea, ordenan a la bicameral de Inteligencia, presidida por el oficialista Leopoldo Moreau, a crear una "subcomisión permanente" que realice las funciones de "seguimiento y auditoría"
A su vez, estipulan que la bicameral deberá "informar semestralmente a la Presidencia de cada Cámara del Congreso de la Nación sobre la descripción del desarrollo de las actividades de fiscalización y control efectuadas en cumplimiento de su misión, con la fundamentación correspondiente".
De acuerdo al texto, "la Comisión Bicameral estará facultada para requerir de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) de sus delegaciones en el interior del país y de las empresas que prestan o presten en el futuro servicios telefónicos o de telecomunicaciones de cualquier tipo en la República Argentina, informes con clasificación de seguridad que contengan el listado de las interceptaciones y derivaciones que se hayan realizado en un período determinado ". A su vez, señala, "corresponderá a la Comisión Bicameral cotejar y analizar la información y controlar que tales oficios hayan respondido a requerimientos judiciales".
La bicameral está encabezada por el ultra K Leopoldo Moreau, ex legislador de la UCR. A principio de mes, el oficialismo del Senado había rechazado el decreto de necesidad y urgencia firmado por el ex presidente Mauricio Macri en 2015 que quitó la oficina de escuchas telefónicas de la órbita de la Procuración General- en ese entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó- y la transfirió a la Corte Suprema de la Nación.
En soledad -porque la oposición abandonó el recinto en reclamo de la violación del reglamento virtual, que impedía llevar temas ajenos a la pandemia- el Frente de Todos impuso su mayoría y rechazó el decreto. "El oficialismo avanzó con una hoja de ruta de la revancha, que nada tenía que ver con los intereses de la sociedad”, planteó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff. Por el momento, la Cámara baja no se aprestaba a tratarlo. ■