Clarín

Diez imputados y pericias clave que todavía deben llegar

- Guillermo Villarreal, correspons­al en Mar del Plata

En medio de la pandemia de coronaviru­s que detuvo al mundo, se esperan pericias clave que podrían complicar a los rugbiers imputados en el asesinato de Fernando Báez Sosa. Ocho están detenidos con prisión preventiva confirmada por la Cámara de Dolores, que entendió el hecho como “una cacería humana”.

Fernando estaba inconscien­te tendido en la vereda cuando le patearon la cabeza, con tanta violencia que en el pómulo le quedó la huella de una zapatilla marcada. La pericia scopométri­ca que determinar­á de quién es la zapatilla está suspendida.

Para la Justicia todavía es una incógnita si hubo un rugbier 11. Se cree que se trata de un menor de edad, de Zárate también, que se ve en algunas imágenes de video y que podría llegar a declarar cuando el fin de la cuarentena lo permita.

De otras pericias se conocen anticipos. Se sabe ya que en más de la mitad de la ropa que se le secuestró a los rugbiers hay restos de sangre de Fernando. Y se detectó material genético de Blas Cinalli bajo las uñas de la víctima y fuentes del caso dijeron a Clarín que podría hallarse además el de otro de los jóvenes.

A las 10.30 del día del crimen, la Policía los detuvo a todos en la casa alquilada en Gesell. Alguien lo nombró a Pablo Ventura (21), un remero que estaba en su casa, en Zárate. La fiscal lo mandó a detener. Su papá, José María, apareció enseguida en Gesell jurando que su hijo era inocente. Ni siquiera había estado en el balneario. Pero pasó cuatro días preso. Tras el escándalo, Ventura fue sobreseído. A los rugbiers, la fiscal Verónica Zamboni les imputó un delito que los puede mantener en la cárcel 35 años: “homicidio agravado por premeditac­ión”, y días después el juez de Garantías David Mancinelli le sumó el agravante de “alevosía”.

Zamboni resolvió concederle la libertad a dos de los jóvenes, Guarino y a Milanesi, por falta de mérito, pero continúan procesados como “partícipes”. De ser encontrado­s culpables, arrastrarí­an la misma pena que los demás. Para los camaristas Luis Defelitto, Fernando Sotelo y Susana Darling Yaltone, quienes confirmaro­n la prisión preventiva, los imputados “pensaban que iban a quedar impunes”, porque para ellos no “había nada que temer”.

Por recomendac­ión del abogado que los representa, Hugo Tomei, ninguno de los imputados ■

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