Moyano le dijo al juez que compró un campo millonario para tener un quincho
Afirmó que pagó un valor mayor del terreno para recuperar un espacio para cocinar “las comidas típicas”.
Hugo Moyano tuvo que declarar como acusado ante la justicia en una causa donde se lo imputa por maniobras de lavado de dinero y defraudación en operaciones donde se utilizó el Sindicato de Camioneros para la adquisición de terrenos en la localidad cordobesa de La Falda. La diferencia entre el valor de los inmuebles dos meses antes de ser comprados por el gremio, y la suma abonada por dicha entidad, fue denunciada por la Procuraduría de Criminalidad y Lavado de Activos (PROCELAC) y este miércoles, Moyano durante su indagatoria reiteró que todo responde a una “persecución política”.
El frente judicial del líder sindical, es variado tanto como complejo. Moyano, junto a otras personas, fue imputado en diciembre del año pasado por los delitos de lavado de dinero y defraudación, en relación con la compra de cinco terrenos en La Falda, que fue denunciada ante la PROCELAC. Luego, la causa fue derivada a la Justicia Federal cordobesa y fue allí ante el juez Alejandro Sánchez Freytes donde tuvo que presentarse el secretario general de Camioneros.
Según el expediente que lleva el juez federal, por la compra de los terrenos el gremio pagó en 2013 en total unos $ 6 millones, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes a $ 310 mil, aproximadamente. La diferencia en los valores de la operación fue alertada por la PROCELAC que avanzó con la denuncia penal por lavado de dinero y se le su- mó el delito de defraudación.
La justicia apunta a Moyano ya que había firmado la operación como apoderado del Sindicato de Camioneros y la Justicia sospecha de una maniobra de sobrefacturación en perjuicio de la entidad sindical, ya que los terrenos fueron adquiridos con recursos del gremio.
Los los terrenos mencionados tenían una base imponible de $ 964.553. Por ello la PROCELAC planteó que en la operación se podría estar pergeñando alguna maniobra de blanqueo a través del sindicato.
Los terrenos habrían sido comprados el 11 de octubre del 2013 por la empresa Kiano SA a Jorge Cappucchio por un monto de $ 309.255. Dichos inmuebles terminaron en manos del sindicato de Camioneros, que terminó pagando seis millones de pesos, casi 20 veces su valor original.
En su indagatoria -según pudo reconstruir Clarín-, Moyano indicó que la operación inmobiliaria “se ajustó a la normativa legal y al régimen estatutario del Sindicato, pagándose el precio que estimábamos adecuado - en la relación “precio de mercado/interés del comprador”- con fondos en la cuenta del Banco Provincia de titularidad del Sindicato y por el valor exacto al declarado en la escritura traslativa de dominio, extremos que rechazan de plano cualquier hipótesis de imputación pena”.
Fue entonces cuando planteó, como ya viene reiterando, que la causa se inició por “motivos políticos” y agregó: “En respuesta a las irresponsables afirmaciones de la PROCELAC, que dirige Gabriel Pérez Barberá, rechazo categóricamente que el tema en cuestión pueda calificarse como “desvío de fondos” o “reciclado de ga- nancias ilícitas”, términos que repudio de plano por constituir "injustificadas calumnias, reservando las acciones legales respectivas por los daños y perjuicios causados por la falsa imputación”. Para el líder sindical, la adquisición de los terrenos sólo respondió a su “ubicación estratégica” ya que se encuentra lindero a la propiedad de Camioneros, “por eso consideramos que la compra era absolutamente beneficiosa, máxime teniendo en cuenta que esos terrenos poseían una edificación donde había funcionado un local bailable que provocaba demasiadas molestias a los afiliados que se alojaban en el Hotel”. Y dijo que tras una serie de reformas emprendidas en el hotel “perdiéndose, en virtud de ellas, el quincho”, surgió la “necesidad de poseer un espacio amplio para preparar las comidas típicas de la zona”. ■