Lapidario informe sobre las firmas de Cristóbal López: rechazarían su venta
Los veedores judiciales advierten que hay más deudas, se redujo el patrimonio y se pagaron honorarios millonarios.
Dudas sobre los montos comprometidos, críticas a las deudas generadas, observaciones sobre el funcionamiento del holding y el rechazo a su venta es la respuesta quee llegaría en los próximos días de la manos de los veedores judiciales y el fiscal Gerardo Pollicita respecto a la pretendida venta del Grupo Indalo.
La AFIP, querellante y denunciante en la causa por defraudación al Estado contra Cristóbal López, ya se opuso a la operación y sólo resta la opinión de Pollicita y de los veedores designados por la Justicia en las firmas del empresario. Un informe de esto técnicos al que accedió Clarín consigna irregularidades administrativas, pago de honorarios por más de 5 millones de pesos a los dueños de OP -pretendidos compradores del holding-, deterioro de la estructura dela empresa Oil Combustibles, deudas fiscales y movimientos de fondos “bajo observación”. El trabajo es de fines de enero.
Con todos los pronunciamientos, el juez Julián Ercolini decidirá si le- vanta o no la inhibición general de bienes que rige sobre las 170 empresas que constituyen el Grupo Indalo. “No hay manera de avalar una operación con tantas irregularidades”, anticiparon fuentes judiciales a Clarín.
El año pasado, Ercolini rechazó levantar esa inhibición de bienes, que entonces regía sólo sobre 70 sociedades. Dos semanas después de que López y su socio, Fabián De Sousa, quedaran detenidos -en diciembre-, el magistrado volvió a correr vista a las partes (veedores, el fiscal Pollicita y la AFIP) para que vuelvan a opinar sobre una posible venta del Grupo. En los próximos días se conocerá el nuevo pronunciamiento del juez.
Cuando les dictó la prisión preventiva, Ercolini entendió que los due- ños de Indalo habían desplegado “diversas conductas tendientes a impedir la conservación” del patrimonio del Grupo, que es la garantía para afrontar el pago de la deuda de 17.000 millones de pesos con la AFIP causada por la retención ilegal del impuesto a los combustibles por parte de Oil.
En sus conclusiones, los veedores describen un “delicado e inestable estado de las cosas”. Sus principales observaciones son:
- Cheques vencidos emitidos por sociedades del grupo para cancelar préstamos y en contraprestación por combustible vendido, que no fueron depositados a su vencimiento.
- Incremento de la deuda fiscal corriente. Clarín informó que Oil dejó de pagar el Impuesto a los Combus- tibles, acumulando una nueva deuda de 860 millones de pesos. Según los veedores, los impuestos sepagaron hasta “que la nueva gestión se hizo cargo de la empresa”.
- Deterioro de la red de distribución de Oil. Desde enero de 2017, la firma habría perdido 39 estaciones de servicio, un 14% del total. La refinería “está trabajando a niveles mínimos de subsistencia”.
- Pago de honorarios millonarios: los actuales administradores -Rosner y Dellatorre-, se han retribuido “con anticipos de honorarios por 5.091.310 pesos cada uno”. Los veedores también informan que el 18 de enero se desvinculó al anterior CEO de la empresa -Diego Goncalves De Sousa-, “por 9 millones de pesos más 900.000, más IVA de honorarios de su abogado”.
- Situación crítica de la constructora CPC. Lafirma necesita la “inyec- ción de liquidez en los próximos 15/30 días y una reprogramación de las deudas con proveedores”. Según los veedores, la empresa “está trabajando con hipótesis de venta de bienes de uso para el pago de deuda, lo que podría implicar una pérdida de valor de mercado, por no haber atacado a tiempo la situación financiera”.
- La creación de otra empresa para cobrar: OP Management, “vinculada OP Investiment o a los directores Rosner y Dellatore” ha realizado “operaciones financieras con Oil a través de las cuales ha percibido sumas correspondientes a comisiones de otorgamiento”. La firma se constituyó en noviembre de 2017 por los dueños de OP.
- Convenios y cobros sin documentación: Oil y esta nueva firma sellaron un convenio de cesión de derechos de cobro aplicable a cheques, facturas, certificados de obra. Con este convenio se cobraron comisiones de 45.000 pesos, se autorizó un desembolso de 10 millones de pesos y se descontaron dos cheques (por 7 y 3 millones de pesos). Los veedores reclamaron a OP en “reiteradas oportunidades la solicitud de desembolso” pero así y todo, “nunca fue entregada”. ■
“No hay modo de avalar una operación con tantas irregularidades”, dicen en la Justicia