Vidal da el primer paso y apura una ley contra las jubilaciones de privilegio
Enviará un proyecto para que gobernadores y legisladores se retiren con el mismo régimen que los estatales.
Son 810 beneficiarios que cobran, en promedio, haberes de 74.400 pesos al mes. Son ex gobernadores, como Eduardo Duhalde, ex vices y ex legisladores bonaerenses. Una jubilación mínima provincial es de 5.057 pesos.
Dos leyes, una de 1951 -llamada Ley Mercante, primer gobernador peronista- y otra 1 974, establecen regímenes especiales para jubilarse como, por ejemplo, hacerlo sin contar con aportes, con 50 años de edad o con solo dos años de ejercicio en la función.
A su regreso de China, una gira que inicia a fines de esta semana, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto para eliminar esos esquemas preferenciales para mandatarios y parlamentarios, para que queden asimilados al esquema de jubilaciones ordinarias que aplica el Instituto de Previsión Social (IPS) para los empleados estatales.
Es decir: con más de 60 años de edad, al menos 35 años de aportes y equivalente al 70% de la remuneración activa. Actualmente, las leyes que determinan esos retiros son "especiales". La ley 8320 es la que establece el esquema de jubilación para los legisladores provinciales y fija, por caso, que se retiran con 82% móvil de sus haberes en ejercicio, cuando tienen más de 50 años y aunque no hayan aportado.
Según el registro del IPS a los que accedió Clarín, hay 695 beneficiarios jubilados con esa norma, mientras que hay 115 con la ley 5675 que refiere a gobernadores, ex gobernadores y algunos legisladores. Por ese régimen, en octubre pasado, el IPS destinó 5,5 millones de pesos a cubrir los haberes de 115 jubilados.
En La Plata lo ponen en el paquete de baja del gasto político, aunque en la práctica la eliminación de las jubi- laciones "de privilegio" regirá, como toda ley, para quienes se jubilen en el futuro. No modificará las condiciones de los que ya se retiraron.
El ministro de Economía, Hernán Lacunza, y Christian Gribaudo, titular del IPS, terminaron la semana pasada de definir el texto que enviaron al área de Legal y Técnica. En estos dí- as pasará por el último filtro político: Federico Salvai.
El jefe de Gabinete define con Vidal una serie de reformas en la estructura administrativa de la Provincia para "bajar el gasto político" y "darle agilidad a la gestión".
Esos retoques, todavía en laboratorio, requerirán una sanción legis- lativa que será analizada.
En parte, de ese cronograma dependerá cuándo entrará en discusión la reforma jubilatoria, porque, en términos operativos, Vidal prioriza el tratamiento de la Ley de Ministerios para la reestructuración de diversas áreas.
Dato anexo: mañana la gobernadora encabezará una reunión de gabinete ampliado en La Plata, donde reunirá a los legisladores e intendentes de Cambiemos, a los que, en especial a estos últimos, pedirá que avancen en sus municipios con reducción de la estructura política.
La discusión por las jubilaciones de privilegio viene de años, pero volvió a tomar vuelo durante las negociaciones entre los gobernadores y la Casa Rosada por el Pacto Fiscal. Los mandatarios pidieron que se avance con una ley nacional.
Como reveló Clarín en una nota publicada la semana pasada, el Gobierno nacional pretende avanzar sobre los regímenes especiales por los que se pagan haberes a 374.296 jubilados. Esa iniciativa apunta a un segmento que no está incluido en la re- forma de Vidal: las jubilaciones del sistema judicial.
Las jubilaciones "políticas" de la provincia alcanzan a 810 beneficiarios que entre enero y octubre de 2017 demandaron un aporte de 603 millones de pesos. Integran el grupo VIP de los 3.000 haberes más altos que paga el IPS.
Un ex legislador provinicial tiene un haber de aproximadamente 80 mil pesos aunque, dicen en La Plata, la desigualdad se detecta en que "accede a la jubilación de forma más sencilla que el resto de los contribuyentes" sin contemplar aportes y a edad más temprana.
Cuando complete el circuito de validaciones internas, el proyecto será enviado a la Legislatura, donde se anticipa un debate sobre cuándo entrará en vigencia y si alcanzará, o no, a los legisladores que aprueben la reforma. ■
El Pacto Fiscal entre la Nación y las provincias llama a avanzar contra regímenes de privilegio.