Presentan en Cataluña dos leyes que avanzan sobre la ruptura con España
Los independentistas catalanes, a 34 días del referéndum ilegal convocado por la Generalitat (gobierno), ya tienen desde ayer su calendario, mediante dos leyes de ruptura con España, para declarar la secesión y fun
dar la República de Catalunya. El objetivo principal, proclamado varias veces, es sustituir la legalidad española actual por otra exclusivamente catalana, una subversión esencial para oponerse a la garantía de la actual Constitución de la integridad territorial de España cuya defensa está a cargo, según la propia Carta Magna, de las Fuerzas Armadas.
Los anuncios de este calendario fulminante a 34 días del referéndum ilegal del 1° de octubre tuvieron una gran repercusión mediática y política. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy y el titular del PSOE, Pedro Sanchez, reaccionaron coordinadamente de inmediato y con toda energía.
Acordaron mantener un “frente común” ante el reto secesionista. Rajoy y Sánchez se han comprometido a mantener una comunicación fluida y a instrumentalizar posiciones conjuntas ante el “desafío soberanista catalán”, según Óscar Puente, portavoz de la Ejecutiva socialista. El secretario general del PSOE ha dejado claro que su partido se opone al proceso independentista y que el 2 de octubre “no habrá república catalana”.
Es el Parlamento catalán el que tiene que aprobar estas dos leyes claves para el separatismo. La Ley de Referéndum, que legalizara el llamado al plebiscito declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, se sancionará por mayoría absoluta en las sesiones de los próximos 6 y 7 de septiembre. Además, ordena que en caso de triunfar el “SÍ” frente al “NO”, en una votación vinculante que no tiene nivel mínimo de sufragios, en 48 horas debe proclamarse la independencia.
La otra ley también llamada “de desconexión institucional” es de enorme importancia para el separatismo y se titula “Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional” que regula el período entre el referéndum si triunfa el “Si” y el ordenamiento institucional necesario para establecer la República Catalana mediante elecciones constituyentes. Ayer se anunció que el duro debate entre las fuerzas rupturistas ha finalizado y la ley de Transitoriedad se aprobará antes del referéndum del 1° de octubre. Quedará suspendida solo si el “NO” triunfa en el plebiscito. “De esta manera se dinamita cualquier intento de abrir nuevos debates pues, si triunfa el SÍ, el escenario está determinado y es vinculante: pasar a organizar las instituciones para la República”, manifestaron ayer fuera del recinto de sesiones los voceros de “Juntos por el SI”, la coalición separatista entre el Partido Demócrata, (ex Convergencia, pujolistas) y Esquerra Republicana de Cataluña, y los alterativos.
Estos están aliados estratégica- mente con la coalición secesionista que alcanzó la mayoría absoluta gracias a los 10 votos de la Candidatura para la Unidad Popular, radicales de izquierda. La ruptura está presente en las dos leyes que aprobará el Parlamento catalán por mayoría absoluta. La de Referéndum, 6-7 de septiembre, y la de Transición antes del referéndum del 1° de octubre según lo establece claramente su articulado.
La base legal sobre la que se asienta la Ley de Referéndum se refleja en el artículo 2, afirmando que el pueblo de Cataluña es un “sujeto político soberano” y, como tal, “ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”. Establece “un régimen jurídico excepcional” para celebrar el plebiscito. Ante una ilegalización por el Constitucional, esta ley “prevalece jerárquicamente sobre todas aquellas normas que puedan entrar en conflicto, puesto que regula el ejercicio de un derecho fundamental inalienable del pueblo de Cataluña”.