La fiscal acusa a Maduro de dar “un golpe” y resiste su desplazamiento
El Tribunal Supremo dijo que en cinco días anunciará si le inicia un proceso a Luisa Ortega por “faltas graves”.
La fiscal Ortega es una chavista que ahora enfrenta al régimen y rechaza la Constituyente.
El gobierno de Nicolás Maduro se ha lanzado abiertamente a desplazar a la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela -copado por jueces chavistas- anunció que decidirá en cinco días si la enjuicia por “faltas graves” en el desempeño de su cargo. Fue luego de que la funcionaria no acudiera a la audiencia convocada para comenzar el proceso en su contra por desconocer a sus miembros y por considerar que el acto judicial era un “golpe de Estado más grotesco” que el que dio el empresario Pedro Carmona en 2002 contra el extinto presidente Hugo Chávez.
“Nos acogemos en el lapso de cinco días para dar nuestra decisión y publicar”, dijo secamente el presidente de ese Tribunal judicial, Maikel Moreno, con lo que disparó una lluvia de críticas en el interior y en el exterior del país a partir de lo que se percibe como una nueva deriva autoritaria del gobierno.
El máximo tribunal venezolano - el equivalente a una Suprema Corte de Justicia- actuó por pedido del diputado chavista Pedro Carreño, quien pidió la destitución de Ortega alegando que había firmado ilegalmente actas de aprobación de 13 magistrados y 20 suplentes que la directiva de la Asamblea Nacional saliente (el Parlamento venezolano) designó apresurada en 2015 antes de entregar su cargo a los nuevos legisladores, mayoritariamente opositores. Ortega negó haber autorizado la designación de los “magistrados apresurados” y mostró las actas sin su firma. Previamente, Ortega había solicitado la recusación contra 17 magistrados del Tribunal, la cual no fue a su vez admitida por su directiva. “No he cometido ningún delito y por ello no acudí al TSJ pero además la única institución que me puede remover del cargo es la Asamblea Nacional”, declaró Ortega.
En rigor, el motivo de la acusación contra la fiscal general tiene otros orígenes. Ortega es una funcionaria de fe chavista, que acompañó al actual gobierno de Nicolás Maduro hasta que el gobierno vació de poder al Legislativo, de mayoría opositora, y el presidente convocara el último 1° de mayo a una Asamblea Constituyente con la finalidad de reformar la Carta Magna impuesta por Chávez. Ortega rechazó la decisión por estimarla inconstitucional e innecesaria y agregó que revelaba los intentos del gobierno por atornillarse al poder y barrer con las instituciones del Estado. Con esa opinión, Luisa Ortega se acercó a las críticas que realizaba desde entonces la oposición y otras figuras chavistas que ya han comenzado a mostrar sus distancias con el gobierno venezolano.
Antes de la audiencia para analizar el proceso a la fiscal Ortega, el Tribunal Supremo declaró la “nulidad absoluta” de la designación hecha el último lunes del abogado Rafael González como vicefiscal de la República y juramentó en su lugar a Katherine Nayarith Harrington como la nueva titular de ese cargo. Según el Tribunal, la designación de González hecha por los parlamentarios es un supuesto desacato.
Por su lado, la fiscal Ortega rechazó a su vez el nombramiento de Nayarith Harrington por cuanto el único poder legal para designar a un funcionario en la fiscalía general del pa- ís es, según la legislación venezolana, el asiento legislativo.
La fiscal Ortega también comentó que el Supremo Tribunal le había congelado sus bienes y cuentas además de prohibirle la salida del país. En otro tramo de su declaración, la funcionaria dijo que la Fiscalía es la última institución de Venezuela que queda para la defensa de los derechos humanos y la democracia que han sido amenazas por el Supremo Tribunal, por el que siente “vergüenza”.
Con su posición, la fiscal Ortega se alejada cada vez más del régimen chávista. La funcionaria no descartó que el oficialismo logre al fin desplazarla, pero se esforzó en señalar que la medida es ilegal y que configura “el delito de golpe de Estado”.
Todo se produce en momentos en que arrecian las protestas callejeras contra la Asamblea Constituyente y en reclamo de elecciones, que ya han cobrado la vida de al menos 91 personas y dejado más de mil heridos. Ayer, el presidente Maduro, tachó de “inconstitucional” el referendum anunciado para el 16 de julio por la oposición para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Constituyente impulsada por el Gobierno.