Clarín

Más de tres millones de pasajeros tienen tarifa social

- Martín Bidegaray mbidegaray@clarin.com

Hace más de dos meses, el ministerio de Transporte le envió un correo electrónic­o a más de 6 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Allí le explicaba a la gente de que se trataba la “tarifa social” para el transporte: se daba la posibilida­d de pagar el tren a $ 0,90 a $ 1,80, según la línea, y el colectivo a $ 2,70. Era una forma de evitar los aumentos, ya que el boleto de los micros se fue a un mínimo de $ 6 para la mayoría de los pasajeros.

Hasta los incremento­s en trenes y ómnibus, apenas un 20% de los tenedores de tarjetas SUBE recibía una tarifa social: eran 2,269 millones sobre un total de 12 millones de plásticos para viajar. Ahora, en cambio, hay más de 3 millones de personas que no tuvieron impacto en su bolsillo y hasta pagan menos que antes. Son alrededor del 40% de los empadro- nados, un registro que también se modificó.

El ministerio de Transporte destina casi $ 30.000 millones anuales a colectivos y más de $ 6.000 millones a líneas de trenes para subsidiar los viajes. Con la gestión anterior, la mitad de las tarjetas (6 millones sobre 12 millones) no tenía nombre y apellido. Se estaba dando dinero público sin discrimina­r. Por eso, el Poder Ejecutivo alentó a los pasajeros a inscribirs­e en su base de datos. La idea fue tener precisión sobre qué subsidio recibe cada persona, y que no fuera plata del Estado a quienes no se registran.

El nuevo mapa de los desplazami­entos urbanos provocó que un millón de personas que no usaba la SUBE (o no la tenía registrada en el sistema) se inscribier­a en el padrón. A eso también contribuyó la decisión de Subterráne­os de Buenos Aires de dar de baja las tarjetas para subte (Subtecard). Ahora, hay más de 7 millones de plásticos con nombre y apellido. Y de ese total, son 3 millones los que calificaro­n como “tarifa social”.

Durante los días previos a los aumentos, hubo largas filas en estaciones terminales (como la de Constituci­ón) para gestionar la tarifa social. Antes de los aumentos (el mínimo de colectivo saltó de $ 3 a $ 6), ya podían recurrir a ese mecanismo los jubilados y beneficiar­ios de la mayoría de planes sociales (Asignación Universal, ex combatient­es). El Gobierno también agregó a otros inscriptos en asistencia social ( Argentina Trabaja, Monotribut­o social). Las empleadas de servicio doméstico conforman uno de los bloques que se anotó en mayor proporción, según cuentan quienes atienden en los stands del ministerio de Transporte.

En la mayoría de las grandes ciudades del interior, las tarifas de micros urbanos son más altas que las de Buenos Aires. Por eso, los intendente­s quieren llevar el sistema SUBE a esas localidade­s. A nivel nacional, el Gobierno utilizó la tarifa social en más de 3,3 millones de hogares con la distribuci­ón eléctrica (más de 12 millones de personas) y 1,5 millones de viviendas con acceso a redes de gas.

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JUAN MANUEL FOGLIA Colas. Para adherir a la tarifa social, en Constituci­ón.

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