Manotazos
La ocupación de fábricas apunta al mayor fabricante de alimentos. Y el vicepresidente dice que la oposición no cumplió con los requisitos para el referéndum.
Mientras crece la crisis social y económica, vuelve a anunciar medidas polémicas que suenan a manotazos de ahogado. Acaba de ordenar tomar las empresas paralizadas, encarcelar a sus dueños e iniciar ejercicios militares el próximo sábado.
El presidente Nicolás Maduro ordenó tomar las empresas paralizadas, encarcelar a sus dueños e iniciar ejercicios militares el próximo sábado, para enfrentar una supuesta “amenaza del imperio”, mientras el vicepresidente Aristóbulo Istúriz afirmó que no habrá referéndum revocatorio contra el mandatario. La orden presidencial está amparada en el decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica con vigencia de 60 días que lanzó este viernes y que previamente había sido rechazada por el Parlamento.
La ocupación de las empresas paralizadas va dirigida especialmente contra el Grupo Polar, la principal firma fabricante de cerveza y alimentos en Venezuela, y su dueño Lorenzo Mendoza, a quien el gobierno lo tiene en la mira y con intenciones de encarcelarlo desde hace tiempo.
La razón del cierre de las plantas de cerveza es porque el gobierno no le otorga divisas a Polar para importar insumos para la fabricación de las bebidas. Sus 30 mil trabajadores hacen vigilia en las plantas para impedir el asalto del gobierno. Venezuela vive su peor crisis por el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, agravada por la caída petrolera. El año pasado registró la inflación más alta del mundo, de 270%, y este año los pronósticos del Fondo Monetario Internacional señalan que será de 700%.
También “he ordenado la realización de maniobras militares el próximo sábado 21 de mayo”, informó Maduro, quien agregó que las mismas tienen como finalidad estar preparados para enfrentar cualquier amenaza que el “imperio” pretenda concretar contra “esta patria sagrada, la patria de los Libertadores”, subrayó Maduro.
Durante un acto realizado en la plaza Diego Ibarra, de Caracas, Maduro se refirió a las declaraciones del expresidente colombiano Alvaro Uribe, quien se pronunció a favor de una intervención militar en Venezuela. Dijo que solicitaría a la Fiscalía un juicio contra el ex mandatario. Maduró abundó en insultos contra Uribe, a quien llamó asesino, mentiroso, corrupto, y de quien dijo que era el financista del encarcelado opositor Leopoldo López, a quien volvió a llamar “el monstruo de Ramo Verde”.
Aseguró que se tomaba muy en serio las amenazas que, en su opinión, se hacen contra su gobierno desde el exterior por lo que ordenó la movilización de las fuerzas armadas de las milicias para el próximo sábado 21 de mayo. “Todos los ciudadanos tienen que poder manejar un fusil, un lanzagranadas, un cañón, un tanque”, precisó el jefe del Estado.
Pero además, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz afirmó ayer que no habrá un referendo revocatorio contra Maduro por supuestos errores de la oposición en la recolección de firmas para convocar la consulta. “Aquí Maduro no va a salir por referéndum porque primero aquí no va a haber referéndum. Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude”, dijo Aristóbulo en un acto de respaldo a Dilma Rousseff, transmitido por la televisora gubernamental.
El líder opositor Henrique Capriles advirtió el sábado sobre un estallido social si el gobierno impide que se celebre un revocatorio contra Maduro este año, luego de que el mandatario declarara un estado de excepción. “Tendrán que matarnos a todos nosotros antes de darnos un golpe parlamentario”, añadió Istúriz.
Maduro declaró un estado de excepción para afrontar lo que denunció como una amenaza externa, por lo que convocó a realizar “ejercicios militares” para prepararse para “cualquier escenario” como una eventual “intervención armada” internacional. Además, ordenó tomar las fábricas improductivas y encarcelar a los empresarios que paralicen sus fábricas para “sabotear” al país, en medio de una “guerra económica” que atribuye al sector privado.
La oposición espera realizar el referendo revocatorio a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo insiste que los plazos legales no lo permitirían. Si se realiza después del 10 de enero de 2017 –cuando se cumplen cuatro años del período presidencial– y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.