La justicia y el próximo gobierno
Entre los desafíos que deberá enfrentar el próximo gobierno, la justicia aparece como un sector que requiere atención urgente. Tras casi una década de tensiones y conflictos producto de los embates del gobierno, tres claras prioridades dominan la agenda. Primero, se debe avanzar hacia la integración de las vacantes de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Poder Ejecutivo ha enviado los pliegos de dos candidatos, activando el proceso de consulta pública previsto por el Decreto 222/03. Sin perjuicio de las calidades profesionales de los nominados, la propuesta resulta doblemente inoportuna. Por un lado, dado que la presidenta terminará su mandato en poco más de un mes, esta tarea debería estar a cargo de su sucesor. Por otro, la sociedad se encuentra inmersa en el tramo final de las elecciones presidenciales, lo cual impide un debate público robusto acerca de los candidatos.
Segundo, se torna imperativo reformar del Consejo de la Magistratura. A la luz de todas las estadísticas, la reforma de 2006 ha probado ser un fracaso. La sobrerrepresentación de los sectores políticos eficaces ha llevado al organismo a una si- tuación de parálisis. La proliferación de las vacantes (hoy uno de cada cinco jueces son transitorios), las demoras excesivas en los concursos, y la nula actividad en materia disciplinaria, son síntomas de un Consejo ineficiente, carente de impacto y urgido de liderazgos constructivos orientados a la búsqueda de consensos internos que reactiven dicho cuerpo. Además, debe reformarse el sistema de subrogancias, hoy en crisis por un proceso de judicialización producto del descalabro normativo de los últimos años.
Tercero, se deben revisar rápidamente algunos aspectos del nuevo código procesal penal de la nación. Las buenas prácticas internacionales sugieren la conveniencia de un enfoque gradual, comenzando por zonas donde la complejidad y volumen de la actividad judicial son menores. Eso permite avanzar, detectar errores y aprender de ellos, para así llegar a los distritos más complejos y sensibles, como el cuestionado fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires, con más experiencia acumulada. Por otra parte, a la luz del poder que implican las nuevas atribuciones de los fiscales y a fin de alinear la política criminal del poder ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal, resulta pertinente reconsiderar el carácter vitalicio de la designación del Procurador General de la Nación.
Asimismo, sería alentador que el nuevo gobierno no se desentienda de dos de las más grandes deudas de la justicia: la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Las propuestas abundan; solo hace falta decisión política. En todas estas tareas, el próximo presidente no debe perder de vista la gran lección aprendida de la última década: solo mediante amplios consensos políticos se pueden generar reformas duraderas y efectivas.
Tras casi una década de tensiones y conflictos producto de los embates del gobierno, tres claras prioridades dominan la agenda