Reformas para las próximas elecciones
En las recientes elecciones en Tucumán, 25 mil ciudadanos, un 3% del padrón, se postularon a algún cargo electivo. En otras provincias los cuartos oscuros estuvieron repletos de boletas XXL y los electores concurrieron a votar hasta 5 veces en un año. Sin embargo, antes que por un impulso repentino de civismo, estas rarezas de ‘democracia participativa’ se explican mejor por la manipulación de las reglas electorales que hacen los gobernadores.
Es que a lo largo del país las provincias argentinas exhiben grandes diferencias, entre una mayoría con procesos electorales e instituciones democráticas con un funcionamiento razonable, y un menor pero significativo conjunto de provincias con déficits en materia de equidad y transparencia electoral. Estos problemas son mayores en Tucumán, Santa Cruz, La Rioja, San Juan, San Luis, Formosa, Santiago del Estero y
Salta, donde los oficialismos ganan y son reelectos con amplios márgenes y gobiernan con mayorías sobre-representadas en las legislaturas. En varias provincias la competencia no está garantizada. La baja competitividad no solo es más extendida de lo que se piensa, sino que es sistemática. Desde el regreso a la democracia un tercio de las elecciones provinciales se disputó en comicios donde el primer candidato aventajó al segundo por entre 15 y 30 puntos, y en 1 de cada 5 por más de 30. A la falta de ecuanimidad se suman problemas de confiabilidad en los resultados. El sistema electoral presupone partidos igualmente fuertes, capaces de vigilarse mutuamente. Cuando esto no sucede, la oposición tienen problemas de distinta magnitud para fiscalizar la elección y los partidos son desigualmente capaces de protegerse de prácticas desleales como el robo de boletas y el fraude.
Un tercer problema es la distorsión que el uso de fórmulas y distritos produce entre el voto de los electores y la asignación de bancas legislativas. La representación es a la vez un problema político y matemático. En estas provincias la oposición suele obtener menos representantes que los votos que recibe, y los oficialismos más legisladores que votos. Un ejemplo de esto fueron las últimas elecciones en Santa Cruz, donde el PJ obtuvo el 60% de los votos y se quedó con el 90% de los diputados. En esta situación, el control de los gobiernos es virtualmente inexistente. La competencia electoral requiere equidad en las reglas de juego y confianza en los resultados. Ambos aspectos están íntimamente relacionados: si el sistema electoral no es suficientemente ecuánime, los perdedores no van a aceptar los resultados y la calidad de la democracia se empobrece. La desconfianza sobre los resultados no beneficia a nadie, y socava especialmente la legitimidad de los gobiernos.
Estas rarezas de “democracia participativa” se explican mejor por la manipulación de las reglas que hacen los gobernadores