La trampa de los institutos de menores
En julio, murió un chico en un incendio en el Rocca. Una investigación oficial detectó que falló la prevención. No se permite la supervisión de la Procuración penitenciaria, y los familiares denuncian hacinamiento y “educación política”.
El viernes 10 de julio pasado, a la tarde, hubo una actividad especial en el Instituto de Menores Manuel Rocca. Lucas Simone (17) se había puesto la mejor -y la única- ropa que tenía: un jogging y un buzo rojo Kevingston, el mismo que le dan en el lugar a los chicos en situación de calle como él. Había llegado hacía unos meses, con lo puesto. Como la actividad escolar estaba en receso por las vacaciones de invierno, el evento era la única actividad del día. Durante la puesta en escena del profesor de música, Lucas cantó una canción y se emocionó. Después, repartió churros con dulce de leche a los familiares y les ofreció de más. Les aclaraba que podían llevarlos “para los hermanos de mis compañeros”.
Lucas estaba contento: sabía que le faltaba muy poco para recuperar su libertad. Como varios pibes que están presos en institutos porteños, vivía en la calle. Tenía su “ranchada” en la zona de Pom- peya y también se lo podía ver por Parque Patricios. Antes de hacerse adicto a la pasta base, cada tarde pasaba a buscar un vaso de leche y un alfajor por una fundación que ayudaba a pibes como él. Cuando le preguntaban por sus padres, respondía “bien, gracias. Les mandan saludos”. Era huérfano.
Ese viernes, cuando cantó, se topó con una persona que lo conocía desde muy niño. Años atrás, él le había contado sus ganas de ser cantante. Cuando la tallerista le preguntó qué hacía en el Rocca, Lucas respondió: “Bueno, las cosas no salieron tan bien … pero todavía están a tiempo de cambiar”.
No lo tuvo. Dos viernes después -el 24 de julio- se produjo un incendio en el Rocca y Lucas murió horas más tarde. Su compañero de celda, D.B, sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo y todavía continúa internado en el Instituto del Quemado.
El incendio dejó al descubierto la precariedad.
En el Instituto de Menores no había matafuegos, ni luz de emergencia, ni un generador de energía. Tampoco un médico. Los colchones eran de goma espuma y no ignífugos, como se recomienda
en lugares de encierro. El faltante ya se le había advertido a las autoridades.
El incendio no fue un caso aislado: Diego Borjas (17) había fallecido en una situación similar el 1° de diciembre de 2014, pero en el Instituto Agote, también dependiente de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia ( Senaf ), de Desarrollo Social de la Nación. Estaba aislado en una celda, acto prohibido por la Convención de los Derechos del Niño.
En las semanas previas a la muerte de Lucas, en el Rocca hubo al menos dos intentos de quema de colchones. Pero nadie se ocupó del estado de las instalaciones.
“Si hubiéramos podido ingresar, ya en la primera recorrida, hubiésemos hecho una auditoría y detectado el faltante de los matafuegos o de las luces de emergencia, entre tantas otras cosas”, dice a Clarín
Ariel Cejas Meliare, Director ge
neral de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
El “si hubiéramos podido” se debe a que la Procuración, un organismo estatal, tiene las puertas cerradas de la Senaf, que no só
lo impide el ingreso de la PPN a monitorear los institutos, sino que además no brinda información en boletines o páginas web respecto al estado de sus establecimientos y la situación de los chicos. Ni siquiera existe la certeza de cuántos adolescentes permanecen detenidos en los cinco institutos que dependen de la Secretaría. La decisión de la Senaf se basa en un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de Casación que, por mayoría, revocó una decisión anterior de la Sala V de la Cámara de Apelaciones. De todas formas, Claudio Franchello, nuevo titular del Senaf, se mostró “abierto a permitir el ingreso en el futuro”, pero no hay ninguna reglamentación que lo autorice. El pedido de entrevista de Clarín al Senaf no tuvo
respuesta. Lo mismo sucedió con la dirección del Instituto Rocca, que derivó la solicitud al Senaf.
Aquel viernes 24 de julio todo comenzó cerca de las nueve de la noche cuando se cortó la luz en el instituto y en las calles del barrio de Floresta que lo rodean. Lucas
estaba en la celda “D” del Sector 2, junto a un compañero. Estaban “engomados” -como se dice en la jerga cuando llega el momento de ser encerrados en sus celdas- por un acuerdo de palabra que tenían con el empleado que los cuidaba de noche. A cambio de permitirles más minutos de teléfono, los “engomaba” más temprano y así el vigilador podía descansar. En el Rocca, como en los otros institutos de menores porteños, los guardias llegaron a trabajar hasta 72 horas seguidas.
Cuando se cortó la luz el empleado fue a buscar una linterna. Lucas tenía un encendedor, algo prohibido por el reglamento. Se cree que se lo había entregado un guardia que confiaba en que no iba a hacer nada malo. Con él prendieron fuego dos colchones. Se especula que fue con la idea de fugarse. Pero esta
hipótesis es dudosa: tanto Lucas como D.B, su compañero de celda, estaban a pocos días de egresar. Entonces, ¿para qué habrían querido fugarse?
La otra hipótesis sostiene que lo hicieron amenazados por otros internos del Sector 2, que creían que al incendiar esos colchones, les abrirían las puertas a todos los menores. Como eran más que los guardias, podrían intentar la fuga. Nada de eso sucedió. Todavía con la luz cortada, una ambulancia del SAME entró y trasladó al hospital Vélez Sarsfield a Lucas y a D.B.
Según pudo reconstruir Clarín, para la fecha del incendio los detenidos en el Rocca tenían nutricionista, pileta, talleres en los que se les habla de política y visitas de militantes de La Cámpora para jugar al fútbol. A su vez, el establecimiento no les brindaba los colchones ignífugos, el grupo electrógeno o la luz de emergencia. Al menos al Rocca, todos estos elementos vitales para evitar cualquier situación de riesgo llegaron después de la muerte de Lucas.
Pablo Arce, director del Rocca, se hizo cargo del hecho ante sus operadores y talleristas, según trascendió. Pero aclaró que venía insistiendo en la Secretaría para que le
enviaran los objetos que podrían haber evitado la muerte de Lucas.
“Se creen los dueños de los pibes”, dice en su estudio la abogada
María del Carmen Verdú, titular de Correpi. “Metieron a gente de Hijos, Patria Libre, La Venceremos. Algunos son profesionales y otros, simples militantes. El ex director de la Senaf es Gabriel Lerner, que trabajaba con nosotros y se cruzó de vereda. Lo imputamos en las muertes de Medina (2007, en el Rocca) y Arancibia (2009, en el Agote)”.
Durante semanas, Clarín intentó dialogar con distintos trabajadores de los institutos porteños. Nadie aceptó la propuesta. Apenas hicieron algunos comentarios anónimos: “En la Secretaría está todo muy politizado. La información parece que sólo se socializa para un grupo afín y los que no estamos con el Gobierno en todo no somos tenidos en cuenta. Esta ‘década ganada’ dejó en la banquina a nuestros chicos. Converso con los que
siguen en las trincheras y me da mucha bronca que pareciera que nada cambia. Pasan los años y todo
es un deja vu”, dijo un hombre, a condición de mantener en reserva a su identidad.
Una mujer contó: “La otra pata es la mediocridad de la mayoría de los directivos - no todos- y la burocracia. Un ejemplo: habían comprado los colchones ignífugos antes del incendio y, aún con los pibes quemados, el 8 de agosto -casi un mes después- todavía no los distribuyeron”. Hay una persona que tiene un proyecto para cuando los pibes son liberados. Pero está trabajando en solitario, ninguneada y ajena a la burocracia, con mucho peso y contacto político pero sola”.
Los Trabajadores Organizados
de la Senaf quisieron contar lo que ven a diario. “Entendemos que los pibes están en peligro, no sólo en la calle y los barrios por la ausencia del Estado, sino “peor aún” en instituciones del Estado. Las últimas muertes que se produjeron, en instituciones de encierro de la Senaf y la Provincia de Buenos Aires, son la confirmación de esto. Y estaban avisados: en las auditorías de diferentes organismos dijeron que la seguridad de los pibes no estaba garantizada, que los colchones había que cambiarlos (entre otras muchas cosas) y no lo hicieron. Entonces, ¿quieren decirnos que fue un accidente?”. Es domingo al mediodía y Romina sale del Rocca junto a su padre. Acaban de visitar a su hermano, que cumple una condena por robo. Ante la consulta de Clarín, el padre agradece la posibilidad de hablar, pero prefiere callar para no crearle a su hijo posibles problemas a futuro, y se van. Cinco minutos después, Romina regresa sola.
“Discutí con mi papá por esto.
Estoy podrida de tener miedo. Quiero que se sepa que en estos lugares te preparan para subir a Marcos Paz”, le dice a Clarín, en referencia a ese complejo penitenciario. “Convengamos que el
Rocca es un penal, por más que lo quieran llamar Centro Socio Educativo de Régimen Cerrado. Los pibes se roban entre ellos y a cada uno que ingresa lo golpean entre todos. Hacen ‘facas’ con cepillos de dientes, algunos padres traen drogas, la comida es mala y están
hacinados: desde hace varios meses el Sector 1 está cerrado y con el incendio cerraron el 2. Ahora, metieron a todos los pibes en los tres sectores restantes”.
Parte de lo que cuenta Romina fue reflejado por miembros de Procuraduría de Violencia Institucional ( Procuvin), dependiente del Minis
terio Público Fiscal, y el camarista de Casación Gustavo Hornos cuando el 15 de marzo pasado ingresaron sin aviso. Tras inspeccionar el Instituto, realizaron un informe en el que reclamaron cambios urgentes. Una de las medidas solicitadas fue la provisión de colchones ignífugos y sobre el sector conocido como
“El código” es la ley secreta: todo lo que pasa adentro del internado no debe saberse afuera.
“Enfermería” anunciaron que no podría volver a ser habilitado en esas mismas condiciones. Además, plantearon el cese del aislamiento nocturno en celdas sin sanitarios ni agua potable. Por último, pidieron la totalidad de los recursos disponibles por la Secretaría de la Niñez para “resguardar los derechos constitucionales que tienen como menores”. Los jóvenes, por su parte, les comentaron que recibían “leche aguada” o en mal estado y comida cruda con sabor desagradable o falta de sal. También el Procuvin denunció los obstáculos en la comunicación. “Se constató que los jóvenes estaban autorizados a utilizar los teléfonos entre 10 y 15 minutos por día a partir a las 17:00, lo cual hace imposible que se comuniquen con sus defensores u otros operadores judiciales”.
Romina retoma su testimonio sobre la situación interna. “El único taller que les sirve es el de carpintería. Los demás no les sirven para nada. Hasta tienen uno donde les hablan de política: ¿Vos pensás que a un pibe de 17 años le interesa la política? Después, hay uno en el que tienen que pintar dibujitos con pinturitas. Son pavadas para chicos de un jardín…”. Sus quejas también apuntan a las cucarachas y hormigas que se ven en el espacio de visitas y en la incompatibilidad de los programas educativos: “En el Rocca debería funcionar un Bachiller, así las materias rendidas adentro son reconocidas en todas las escuelas de afuera. Pero no. Entonces, los pibes piensan “¿para qué te sirve estudiar en el instituto si cuando salís no te reconocen nada?”.
Romina aclara que al menos ella no se enteró de malos tratos de guardias para con los menores. Sin embargo, según un rastreo de la Procuración Penitenciaria por los Juzgados de Menores, entre 2010 y 2014, hay al menos 15 causas de Lesiones gravísimas, Lesiones y Apremios: ocho fueron en el Rocca, cinco en el Agote, una en el Belgrano y una en el San Martín. El listado también incluye doce denuncias más: de Evasión y Favorecimiento a fuga e Investigación de suicidios, entre otros delitos.
“Lo de Apremios y Lesiones son figuras de torturitas que la única diferencia que tienen con la tortura propiamente dicha es que tienen pena excarcelable”, afirma Verdú. Y agrega: “Siempre hay talleristas piolas que se contactan con nosotros, preocupados, para contarnos lo que ocurre adentro. Nos piden que hagamos algo, pero no tenemos herramientas para acceder al pibe ni cómo garantizarle la integridad física. Si no puede Procuración, que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, mucho menos nosotros”.
En el bar de una estación de servicio del Conurbano bonaerense, la familia “Palma” ( el apellido no es real) chequea sus celulares. Están preocupados: su hijo aún no los llamó. Lleva varios meses en el Rocca. Desde que ingresó, no están tranquilos: “el día del incendio nos llamó -recuerda su madre- y nos dijo que estaban en el patio, todos con ‘ fierros’, porque podían ser atacados por chicos de otro sector. La luz estaba cortada y casi no había guardias. Mi hijo y varios pibes más aspiraron e inhalaron humo y no los revisó ningún médico”.
El primer contacto de Clarín con ellos fue otro domingo, después de una visita, en la vereda del Rocca. Cuentan que escucharon muchas cosas de adentro: pibes encerrados e incomunicados en soledad por una sanción y mojados con agua en una celda sin luz, pibes que fueron “manoseados” y guardias que escuchan cuando los internos hablan por teléfono a sus familias. Vieron pibes golpeados y con marcas y cortes. Pero lo que más les preocupa es “el código”.
“El código” es estar en visita y un guardia que pasa y le toca la espalda a los chicos y les dice “todo bien, ¿no?”. El código, en el Rocca, es sentirse observado mientras los jóvenes hablan con quienes los visitan o escucharlo responder por teléfono “mami no puedo hablar ahora” cuando le hacen preguntas por los ruidos de gritos y golpes del sector.
“El código es que todo lo que pasa adentro, queda adentro. Está prohibido contárselo a las familias”, concluye el papá. “Y cuando te quejás ante los guardias u operadores por los malos tratos” -agrega la mamá- “te dicen ‘señora, si su hijo no hubiera hecho lo que hizo no estaría acá. No es ningún santo’. Lo que hacen es bajarle la moral a los pibes. Les dicen que sus papás van a dejar de visitarlos”.
El colectivo 114 ya se ve venir por Sanabria. Romina saluda y comenta antes de subir: “En la última visita me crucé con un pibe que salía en libertad. No tenía trabajo ni casa: era un chico de la calle que no sabía adónde ir. En el Rocca le había puesto ganas: terminó de aprender a leer y a escribir. Pero salió solo: afuera nadie lo va a ayudar. ¿Qué mecanismo le brindaron para que pueda continuar una vida desde el día de su libertad? La reinserción social es un verso. No hay que estudiar en Harvard para saber que si sigue solo, ese pibe va a volver a robar”.