Velar por una transición sin tropiezos
La renuncia y arresto de un presidente es un hecho extraordinario en América latina
Esta semana hemos asistido a un hecho inusual en América latina: un Presidente de la República empezó su día jueves renunciando mediante una nota al Congreso y lo concluyó encarcelado. Más aún: este desenlace fue la consecuencia de un caso de corrupción.
Este episodio extraordinario ocurrió en Guatemala, donde se dieron una serie de circunstancias que pueden ayudarnos a entender. Este bello país centroamericano de 15 millones y medio de habitantes, de los cuales al menos el 40% es indígena, intenta consolidar un sistema democrático viable desde 1996, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a una sangrienta guerra civil entre el ejército y las guerrillas que se inició en los años ‘60.
Entre los aspectos necesarios para fortalecer el poder civil ocupa un lugar importante la administración de justicia, sumamente débil y carente de recursos apropiados. Estas deficiencias se magnifican cuando se advierte que existen altos niveles de inseguridad y de muertes violentas, el narcotráfico y el crimen organizado se han extendido y que persisten estructuras represivas de la época del conflicto armado.
Precisamente, con el objeto de investigar los cuerpos ilegales de seguridad y otros aparatos clandestinos y de capacitar y fortalecer la administración de justicia se creó en 2006 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El titular de este organismo es designado por las Naciones Unidas y actúa con independencia, como una suerte de fiscalía internacional que debe actuar ante los tribunales del país y coordinar su acción con los fiscales.
La CICIG desarrolló en estos años muchas investigaciones. Capacitó funcionarios judiciales y policías y promovió importantes reformas legislativas, por ejemplo regulando las escuchas telefónicas en los procesos penales, lo que resultaría crucial para desenmascarar actividades criminales.
Hace cuatro meses, la CICIG y el Ministerio Público hicieron pública una denuncia de una red de corrupción en la aduana, denominada “La línea”, que involucraba a altos funcionarios y al secretario privado de la vicepresidenta.
Desde ese momento, como una bola de nieve, se sucedieron la renuncia de la vicepresidenta y su reemplazo por un político conservador designado por el Congreso, distintas órdenes de captura y finalmente la ampliación de la denuncia al propio presidente Otto Pérez Molina, sobre la base de grabaciones de conversaciones telefónicas y otros elementos.
La movilización pública durante todos estos meses, reclamando la renuncia de Pérez Molina, se cristalizó esta semana, con la apertura del proceso, la decisión del Congreso de retirarle la inmunidad constitucional y finalmente su renuncia y detención.
La renuncia de Pérez Molina, que hubiera concluido su mandato en enero de 2016, se produce en la semana en que se llevarán a cabo las elecciones generales para elegir su sucesor constitucional. La investigación seguirá su trámite, destacándose como una rareza en un paisaje regional caracterizado por la impunidad de los altos funcionarios.
La comunidad internacional debe velar para que esta breve transición hacia el nuevo gobierno no sufra complicaciones, manipulaciones ni contratiempos que algunos actores nacionales e internacionales propician tratando de pescar en aguas revueltas y que, en todo caso, sirva para mejorar ciertas normas que –como también ocurre en nuestro país– alteran la credibilidad y el funcionamiento del sistema político.