En la mira
El presidente Maduro anunció una campaña nacional e internacional para defender a Diosdado Cabello, segundo hombre más poderoso del país y a quien investigan las fiscalías de Nueva York y de Miami y la DEA.
Segundo hombre más poderoso de Venezuela, es investigado por narcotráfico por la DEA, la fiscalía de Nueva York y la de Miami. El, como buen chavista, acusa de todo a una campaña internacional. Y Maduro dijo que lo defenderá a capa y espada.
“Quien se mete con Diosdado se mete conmigo”, bramó el presidente venezolano en defensa del presidente de la Asamblea Legislativa, Diosdado Cabello. Esta crisis es otro grave desfiladero en la inquietante situación de este país que complicará las ya muy difíciles relaciones entre Venezuela y Estados Unidos. Cabello está siendo investigado por las autoridades norteamericanas por el supuesto vínculo del legislador con el negocio del narcotráfico y un llamado “Cartel de los soles” en referencia a los botones del uniforme de los generales del ejército.
El punto más complejo de este episodio es que la pesquisa se basa en las declaraciones formuladas en EE.UU. por un ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y de Cabello que se refugió en ese país.
Maduro –que, según insistentes rumores, sostiene una mala relación con el jefe de la legislatura, en la práctica el segundo hombre más poderoso del país– anunció el inicio de una campaña nacional e internacional, dirigida por un grupo de periodistas, para defender y apoyar al presidente de la Asamblea Nacional. Ambos hombres se recelan pero se mantienen unidos porque una ruptura generaría un vacío de poder de consecuencias imprevisibles. Sin embargo, hace tiempo que no se les ha visto juntos y abrazados en un acto público como solían hacerlo antes.
La Fiscalía General de Nueva York y la de Miami, junto con la DEA, están llevando a cabo una investigación sobre la presunta implicación de Cabello y una docena de altos cargos oficiales en una red narco. La acusación la formuló el desertor Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Cabello –y antes de Hugo Chávez– y del ex gobernador de Aragua, Rafael Isea.
Los testimonios de Salazar y de Rafael Isea, y de otros testigos cercanos al gobierno chavista que desertaron hace años, sirven de base para la investigación que llevan adelante las autoridades estadounidenses. Parte de esa pesquisa fue publicada el 27 de enero pasado con carácter de primicia por el diario español ABC, y hace dos días con mayor contundencia por The Wall Street Journal de EE.UU.
La revelación sobre el narcotráfico ha caído como una bomba en un gobierno que confronta un caos social con el extendido desabastecimiento de productos de primera necesidad, racionamiento total de alimentos, inflación cercana al 70%, la mayor de la región, y la disparada del dólar negro debido a la desconfianza de los mercados. Los especialistas pronostican que la economía venezolana se contraerá poco más de 7 por ciento este año.
Cuando se publicó la exclusiva de ABC, Cabello amenazó con demandar a los medios que se hicieron eco de la información del diario español. La semana pasada lo confirmó. El legislador demandó a 22 periodistas, todos ellos directivos y editores de los diarios El Nacional y Tal Cual y del portal La Patilla.
La demanda incluyó la prohibición de salida del país para los hombres de prensa. Los nombres de los periodistas y los pasos y decisiones de la instancia judicial no fueron anunciados por la jueza María Eugenia Nuñez a cargo de la causa, sino curiosamente por el propio Cabello. El legislador no sólo es el segundo hombre más poderoso del país sino que es uno de los venezolanos más acaudalados. La justicia en Venezuela está bajo directo control del gobierno y no es un poder independiente. “A los que me acusan de narcotráfico presenten una prueba, una solita. Si mañana estos señores presentan una prueba en algún tribunal, pues condénenme. Mientras eso no ocurra, seguiré al frente y en el lugar donde el comandante me puso”, dijo Cabello ayer a la cadena Russia Today.
Miguel Henrique Otero, editor y propietario de El Nacional, dijo a Clarín que son los fiscales los que presentan las pruebas y no los medios. “El régimen chavista ha secuestrado la justicia, controla y domina al sistema judicial y dicta las sentencias por lo que no hay libertad de expresión”. “Los medios están paralizados con la información del narcotráfico”, agregó.
Son las autoridades estadounidenses las que identificaron a Cabello en sus sospechas. “Hay varias pruebas que justifican que es uno de los líderes, sino el líder, de este cártel (de los soles)”, ha dicho un miembro del Departamento de Justicia a The Wall Street Journal. Las investigaciones se dirigirían también contra el hermano de Cabello, José David, actual ministro de Industria y director de la Agencia Tributaria; el gobernador del estado de Aragua, Tareck El Aissami; el jefe de la Guardia Nacional, Néstor Reverol; y el ex–director de Inteligencia Militar Hugo Carvajal, entre otros altos cargos políticos y militares. La justicia estadounidense los señala como posibles responsables del tráfico de droga a ese país, Europa, y del blanqueo de dinero por la venta de cocaína colombiana en ambos continentes.