LAS RESPUESTAS DEL SISTEMA DE RIESGOS DEL TRABAJO

El Sistema de Riesgos del Trabajo cumple 25 años. Su propósito sigue más vigente que nunca: prevenir y atender accidentes laborales y enfermedades profesionales. Hasta el momento de su creación, no existía una respuesta sistémica a la problemática. Los casos se resolvían por vía judicial, con costos y tiempos que excedían la necesidad de quienes esperaban contestación. Un cuarto de siglo después, el sistema se sigue consolidando y perfeccionando, dando respuestas inmediatas e integrales, ampliando su cobertura, servicios y beneficios.

En estos 25 años la cobertura pasó de 3,8 millones de trabajadores y casi 350 mil empleadores, a 9,6 millones de trabajadores y más de 1 millón de empleadores. El índice de fallecidos descendió un 80%, lo que significa 14 mil vidas salvadas, con el compromiso conjunto de trabajadores, empleadores, aseguradoras y el Estado.

Las indemnizaciones aumentaron y cuentan con un sistema de actualización automática en base al RIPTE que garantiza su valor. Las ART ofrecen atención inmediata e integral de accidentes o enfermedades profesionales 24 x7, con una red de prestadores que cubre todo el país. Sólo en 2020, se alcanzaron casi 5 millones de prestaciones asistenciales, que van de internaciones a rehabilitaciones, de consultas presenciales y virtuales a estudios complejos y atención farmacéutica, entre otras. Quienes carecen de esta cobertura la reclaman. Y esperamos que en un futuro se puedan incorporar a ella autónomos y monotributistas, entre otros.

La pandemia está enfrentando al sistema a su mayor desafío. A partir del dictado de DNU 367/20, seguido por otros que fueron extendiendo el plazo de la cobertura, las ART atienden los casos COVID con cargo al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, una patología absolutamente nueva y extraña al sistema. Hubo una reingeniería cuantitativa y cualitativa, no solo para continuar con los servicios habituales, sino para atender a la par el nuevo desafío. Ya, más de 360 mil trabajadores COVID positivos fueron atendidos. Ante la insuficiencia del FFEP, se aumentó el cargo fijo por trabajador, suma que tampoco parece ser suficiente ante el aumento de los casos y la incierta duración de esta situación. Es imprescindible que se resguarde el justo equilibrio entre la cobertura y el adecuado financiamiento de la misma para garantizar su sustentabilidad.

Litigiosidad. Otro de los graves problemas que enfrenta el sistema es el de la litigiosidad. Alertados por el crecimiento de los juicios, trabajadores, empleadores, distintas fuerzas políticas, aseguradoras y el Estado buscaron un cambio para proteger la cobertura y la prevención, que estaba siendo amenazada por el descalabro judicial. Nuevamente, fruto del consenso, se promulga la Ley 27.348/17 de Reforma del Sistema de Riesgos del Trabajo, instituyendo un nuevo procedimiento que incluye un paso previo y obligatorio por Comisiones Médicas del sistema, antes de plantear una acción judicial; un Baremo para la valoración objetiva del daño siniestral; incremento de indemnizaciones y, punto crucial, la creación del Cuerpo Médico Forense, en el seno de las justicias provinciales y la nacional. Al día de hoy, 15 provincias y CABA, que representan el 94% de los litigios, adhirieron a la misma, en otra clara manifestación de aceptación generalizada.

Sin embargo, parte de esa reforma está pendiente de ser cumplida. El eslabón que cerraría el círculo virtuoso, la creación de los Cuerpos Médicos Forenses, lleva más de 4 años de inexplicable demora. Aunque

los juicios disminuyeron, aún su número es alto y preocupante, así como los porcentajes de incapacidad que determinan los peritos judiciales, cuyos honorarios siguen acoplados al monto de las sentencias. En este tiempo hubo fallos de primera instancia con pericias disparatadas, que la Corte Suprema tuvo que corregir. Estos dislates que alientan la judicialidad se corregirían con la creación de los Cuerpos Médicos Forenses, ni más ni menos que lo que prevé la Ley 27.348: un cuerpo de peritos, integrado por profesionales convocados por concurso, que cobren por el trabajo realizado y no honorarios acoplados al monto de la sentencia. Y que además utilicen el Baremo o Tabla de incapacidades de la ley, para establecer los porcentajes de incapacidad. Por eso resulta inexplicable la demora en que incurren la CSJN y los máximos tribunales provinciales en su creación. El actual statu quo amenaza la sustentabilidad misma del sistema.

Más allá de los logros y los pendientes, el desafío para las ART continúa al lado de trabajadores y empleadores. Las exigencias dinámicas del mercado laboral obligan a la evolución y adaptación permanente, que sólo es posible en la medida en que se logre un eficiente equilibrio entre cobertura y financiamiento.